El peronista Alberto Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de "lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo" y por "amenazas coactivas". Los medios no se privaron de dar escabrosos detalles contenidos en la denuncia realizada por la ex primera dama Fabiola Yañez.
Mientras el proceso judicial se desarrolla, la última sesión especial de la Cámara de Diputados fue un escenario propicio para el análisis de las políticas contra la violencia de género y de su fracaso, al punto que uno de sus principales promotores es protagonista de un dramático hecho que confirma la naturaleza transversal del problema. El ex mandatario fue objeto de cuestiones de privilegio por haber sometido a los argentinos a una de las peores humillaciones al tener un ex presidente constitucional y democráticamente elegido, que es “golpeador, violento y sátrapa”.
En tanto, el presidente Javier Milei se mostró orgulloso de haber eliminado el Ministerio de Mujeres, creado por Fernández, al que acusó de "delitos aberrantes". Ante un nutrido auditorio integrado por empresarios del sector inmobiliario, el mandatario aseguró que esa cartera y el Inadi -un organismo que también acaba de disolver- eran "antros de persecución".
En la sociedad, la denuncia de la ex Primera Dama motivó un repaso de una problemática que no pareciera estar resuelta ni encaminada a soluciones significativas. En Salta se cumplirán 10 años de la declaración de emergencia pública en materia social por violencia de género, establecida en septiembre de 2014, mediante la ley 7857. Por entonces, la Provincia estaba en los primeros lugares de las estadísticas nacionales en materia de feminicidios, lo que llevó a que el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey dispusiera por decreto la emergencia, que fue objeto de continuas prórrogas, sin que haya cambios relevantes.
En esta década se han multiplicado las organizaciones que apuntan a construir una salida, mediante la denuncia, la asistencia, el acompañamiento y la participación en políticas dispuestas por los gobiernos. En el Estado se ha instalado una abigarrada trama de organismos, que llevan adelante propuestas, programas y acciones de diversas características que no han producido resultados reconocidos como eficaces. De allí que cada año, el 8 de marzo -en el Día de la Mujer- y el 3 de junio -Día del Ni una Menos- hay movilizaciones reclamando el fin de la violencia que las mujeres padecen a diario, tanto en las calles como en los procesos judiciales y burocráticos que se abren para canalizar las denuncias, cuya presentación se incentiva y terminan en la revictimización de las víctimas.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres es una de esas estructuras creadas para seguir de cerca la evolución de la situación, en base a datos precisos cuya recolección está en manos de la Oficina de Violencia Familiar y de Género creada por la Corte de Justicia de Salta. En estos días ha confirmado que de casi 15 mil denuncias de situaciones de violencia de género registradas en 2016, cuando se inició la serie, el 2023 cerró con casi 27 mil. La interpretación que se hace de estas estadísticas es que la prédica respecto de derechos y los accesos que se facilitan, son la causa de ese incremento. Pero también funcionan otros organismos como el Polo Integral de las Mujeres, la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad, además de fiscalías y juzgados de violencia familiar y de género, unidades especializadas en femicidios y en delitos contra la inseguridad Sexual; pero los casos no menguan.
Todo indica que mucho menos efectiva será la política libertaria de reducir esa trama y desfinanciar las acciones en marcha. Se podría, en cambio, optimizar su utilización, revisar sus objetivos y mejorar sus procedimientos pero nunca retroceder, aunque no se haya avanzado demasiado.
Salta, 16 de agosto de 2024.
