Ivana Chañi
En un nuevo escándalo que sacude al poder judicial de Orán, fiscales han denunciado a un juez local por presuntamente recibir sobornos a cambio de beneficiar a un detenido. En diálogo con Aries, la abogada Sandra Domene, quien presentó la denuncia junto a su colega Josefina Ruiz, aseguró que la corrupción en el ámbito judicial de la región es "vox populi" y que los vínculos familiares entre jueces, fiscales y abogados han permitido la proliferación de prácticas ilícitas.
Según Domene, la situación en Orán se ha deteriorado al punto de que muchos de los involucrados en el sistema judicial tienen lazos familiares directos con los imputados o entre sí. "Es todo familia", afirmó, señalando que uno de los imputados es padrino del hijo de un juez, mientras que la esposa de otro imputado es fiscal. Estas conexiones han generado una red de encubrimiento y complicidad que dificulta la aplicación de la justicia, lamentó.
La Unidad Fiscal creada por Resolución de la Procuración General, e integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murúa y Carlos Alberto Salinas, requirió ante la elevación a juicio oral y público de la causa en contra del Juez Claudio Alejandro Parisi (50), su secretario letrado Maximiliano Germán Correa (42), en calidad de autor y partícipe necesario respectivamente por la comisión del delito de Cohecho Pasivo Agravado (Arts. 257, 45 y 46 del C.P.) Por otra parte, el imputado Roberto Ortega Serrano (54) deberá responder en el debate en calidad de autor por la comisión del delito de Cohecho Activo (Art. 258 y 45 del C.P.).
La abogada relató cómo, desde su regreso a Salta en 2016, ha sido testigo de estas irregularidades. Reveló que en una de las causas en las que trabajó, ya se rumoreaba que bandas criminales operaban con la protección de autoridades judiciales. Aunque presentó pruebas y denunció estos hechos, advirtió que es difícil para los abogados y fiscales locales llevar adelante procesos contra quienes continúan ejerciendo poder en la región.
Domene también criticó la falta de acción por parte de las autoridades competentes, afirmando que todos conocen la situación, pero pocos se atreven a denunciarla. Según ella, la estructura judicial en Orán ha permitido que la corrupción prospere, con jueces que tienen "la llave en la mano" para decidir el destino de los detenidos y que aparentemente la utilizan para su beneficio personal.
El caso ha generado una fuerte repercusión en la comunidad, que exige una investigación a fondo para desmantelar lo que parece ser una "corporación" judicial en Orán, donde los lazos de sangre y la corrupción se entrelazan, poniendo en entredicho la integridad del sistema de justicia en norte provincial, ya sospechado por distintos hechos como la fuga de un sicario por autorización de un ex juez que, vaya sea de paso, logró su jubilación sin dar asumir responsabilidades. El por entonces juez Edgardo Laurenci benefició con salidas transitorias al sicario Lino Moreno, condenado por el asesinato de Liliana Ledesma, en el caso que involucró a los hermanos Castedo, Reynaldo y Raúl, conocidos narcos de Salta.
