
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.


Fue positivo el impacto de los vouchers educativos, al cabo de tres meses de aplicación. Su vigencia se extendió hasta diciembre y la gestión de su liquidación se transfirió de la Secretaría de Educación de la Nación al ANSES.
Opinión30/07/2024
Las modificaciones se publicaron este martes en el Boletín Oficial, ratificando la conveniencia de una medida que había sido resistida desde el sector gremial docente por el temor de una progresiva privatización del sistema. Su alcance es restringido y se estima que cubre una quinta parte de la franja de estudiantes que concurren a establecimientos privados.
Cabe recordar que la implementación de los vouchers fue promesa de campaña del actual presidente Javier Milei. La CTERA lo había calificado como un subsidio a la demanda “en términos de la ideología de mercado” y expresó su rechazo enfáticamente por su “carácter antidemocrático, mercantilista y racista que subyace en dicho modelo educativo”.
Su aplicación fue muy restringida. Comenzó en mayo, con vigencia hasta julio como una prestación destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a los niveles inicial, primario y secundario de instituciones educativas privadas con al menos 75% de aporte estatal y con cuota inferior a 55 mil pesos. Otros límites son el monto del voucher, que cubre el 50% de la cuota escolar y el ingreso del grupo familiar, que no debe superar los 7 salarios mínimos
El año lectivo se inició en el país con alrededor de 46 mil escuelas públicas y 14 mil privadas, de las que más de 10 mil están subvencionadas por el Estado, según informes de la Secretaría de Educación, que actualmente depende del Ministerio de Capital Humano. El Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación dio cuenta que el 73% de los chicos en los niveles obligatorios va a escuelas estatales, un 22% va a escuelas privadas con subvención estatal y un 5% concurre a escuelas privadas que no reciben ningún financiamiento por parte del Estado.
Al momento de ponerse en vigencia la asistencia a la familia, el alcance estimado era de 2 millones de chicos que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país. La distribución de las subvenciones varía según cada provincia. De acuerdo a un relevamiento realizado por el sitio Chequeado, las 3 jurisdicciones con mayor cantidad de subsidios a colegios privados son la Provincia de Buenos Aires, con casi 4 mil colegios con beneficiarios y Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un poco menos de mil. En el otro extremo se encuentran provincias como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que no llegan a 50.
En Salta, el alcance no es muy amplio ya que solo un puñado de establecimientos católicos permite la aplicación de los vouchers. Pero su efecto ha sido muy positivo, según la evaluación de Roberto Suaina, presidente del Consejo Provincial de Educación Católica. El Gobierno Provincial, los colegios y los estudiantes resultaron beneficiados.
Si bien el COPRODEC no tiene datos precisos, ya que el trámite es responsabilidad exclusiva de los padres, conoce sus resultados, que confirman que el subsidio evitó la migración de los chicos, permitió que cada colegio mantenga el número de alumnos que sostiene la unidad de negocio sin afectar la calidad del servicio y favoreció al sistema educativo de gestión estatal por cuanto no impactó en una matrícula que desde hace tiempo está al límite.
El Programa de Asistencia "Vouchers Educativos" se extendió hasta fin de año. Ese beneficio se suma a otro factor que destacó el referente de la educación católica: los ajustes de cuotas se han reducido a un dígito cada dos meses, por lo menos en ese sector.
Pese a ese impacto social positivo, los problemas de la educación son más amplios y obligan a un compromiso que no solo es de los gobiernos y de los docentes, sino de toda la sociedad.
Salta, 30 de julio de 2024

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.

Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.

Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.

El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.

A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.

Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.

El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.

Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.