El pasado miércoles, el Ejecutivo giró al Congreso el informe de avance del proyecto de ley de Presupuesto 2025, tema que obligará al oficialismo a sostener una discusión similar a la que se planteó en la primera mitad del año parlamentario. Debe construir mayorías por su debilidad en ese ámbito pero intuyendo en la puja a los gobernadores, acuciados por las necesidades de su gestión y con su propio entramado político provincial. Y es el presupuesto el escenario donde se aplican las mayores presiones, por lo que el límite se fija en el arranque con la estimación de la inflación que para el próximo ejercicio fiscal es del 139,7% y el valor del dólar, que se calculó en 1.016 pesos .
Pero en siete meses de un nuevo mandato, los gobiernos nacional y provinciales ya han escrito parte de una historia que les permitió ir conociéndose. El gobernador Gustavo Sáenz hizo jugar en el Parlamento a tres diputados que sustrajo de la bancada de Unión de la Patria, quienes conformaron el bloque Integración Federal. De raíz peronista, Pamela Caletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, acompañaron a los libertarios en la sanción de las leyes y facilitaron las negociaciones del mandatario provincial, que logró firmar tres convenios definiendo el destino de obras públicas.
Inicialmente el costo político ha sido elevado y el producido no tiene una valoración ponderada acabadamente. El Ministro de Economía y Servicios Públicos resolvió mantener una posición prudente y no tomar como ciertas cifras que son estimaciones. Roberto Dib Ashur exhibió la misma posición moderada que lo sostuvo en la cartera durante el primer mandato de Gustavo Sáenz, logrando equilibrio fiscal mientras pagaba la voluminosa deuda que dejó el antecesor.
Fue categórico al eludir referirse con cifras a los beneficios logrados en un tramo muy dificultoso de arranque de políticas de restricción de gastos y de cambios de reglas de juego en la relación fiscal. De allí su afirmación de que no se va a gastar lo que solo son compromisos en base a proyecciones futuras. En el paquete acordado hay un blanqueo y una moratoria cuyos resultados dependen del acogimiento de supuestos beneficiarios; esto es, no hay certezas sobre su rendimiento que se debe coparticipar entre Nación y Provincias.
Por ahora, solo puede exponerse un plan de obras que se financiarán con recursos provinciales y que fue definido en base a la fijación de prioridades entre proyectos planificados para todo el territorio provincial. Allí se inscriben el Polo Deportivo para la Capital, las obras hídricas para San Martín, rutas para Los Andes y Anta, entre otras.
De lo que se trata es de sostener el federalismo para revertir una situación, en la que el 80% de la riqueza nacional la generan 4 de las 24 provincias. Y ello se debe lograr fortaleciendo el vínculo fiscal con la Nación y no llegando a una confrontación improductiva.
Eso es lo que explica la posición sostenida por los diputados nacionales que responden al gobernador Sáenz y deben dar razones porque desde el peronismo hubo reparos y se trata de aislar a los tres legisladores, más allá de la defensa que asume la conducción formal del PJ. Una de esas razones es que se deben abandonar las posiciones ideológicas extremas y apostar a la concertación y el acuerdo para no perjudicar la gobernabilidad del gobierno central y los provinciales.
La primera parte del año parlamentario ha configurado un mapa de relaciones entre distintas fuerzas políticas desde la convicción de que una ley no puede aprobarse o rechazarse por el signo político de quien lo presenta; de lo que se trata es de establecer un juego entre los poderes para que actúen de peso y contrapeso, es lo que se señala. De todas maneras, pretender resolver los problemas de la Argentina a partir de provincias fuertes suena a consigna frente a un año electoral en ciernes porque el afán de sectores internos de los gobiernos lo apuran.
La realidad, en cambio, muestra parámetros angustiantes de una economía que no remonta, con cierre de empresas y despidos consecuentes. Esos datos aumentan la incertidumbre sobre el futuro inmediato.
Salta, 04 de julio de 2024
