Avance

La continuidad de obras se está manifestando como una política pública que se construye a partir de los reclamos de los gobernadores, a lo largo y ancho del país. Su paralización fue una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Javier Milei, a partir de un principio libertario de que el Estado no hará nada que pueda y deba hacer la actividad privada. Otra convicción sostenida por el actual gobierno es que se trata de un área propicia para la corrupción y, además, no hay recursos para ese fin, más allá de la prórroga del presupuesto 2023, que incluye los trabajos suspendidos.

El cambio de posición será ordenado. Fue una de las figuritas del intercambio con el Congreso para avanzar en el tratamiento de las leyes de Bases y paquete fiscal, que están al borde de la sanción definitiva y con la firma del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se alcanzaron acuerdos de reanudación de las obras en varias provincias. Uno de los últimos mandatarios que se sentó a la mesa de los convenios, fue precisamente el de Salta.

Se definen como acuerdos de traspaso de proyectos hídricos, viales y de infraestructura escolar, social, urbana y cultural.En ese paquete se incluyen viviendas, rutas, plantas depuradoras, centros de convenciones e, incluso, gasoductos. El Gobierno nacional continuará una serie de obras estratégicas con cierto grado de avance, como la construcción de tramos de la ruta 51 a Chile, además de la construcción, refacción y ampliación de edificios escolares de nivel inicial, primario y secundario.

En el caso de Argentina Hace, se trata de un plan fue lanzado por Alberto Fernández en enero de 2020 para ejecutar trabajos de infraestructura en casi 2.500 municipios de todo el país, con el objetivo de “generar empleo local con paridad de género”, según los fundamentos de la iniciativa.

En julio pasado, en plena campaña electoral, se anunció una fuerte inversión de más de 2 billones de pesos, en más de 3.500 proyectos. En ese listado, Salta tuvo una ubicación privilegiada al convenir unas 129 obras, que ahora han quedado bajo un proceso de revisión establecido por Resolución del Ministerio de Economía, en cuya órbita se encuentra la devaluada Secretaría de Obras Públicas. Este proceso incluye la evaluación de los convenios para la ejecución del plan.

Los lineamientos definidos son estrictos y abarcativos para cubrir los objetivos que en materia de obra pública pretende alcanzar la gestión de la Libertad Avanza. La revisión comienza con el nivel del cumplimiento por parte de la provincia, municipio u otro ente ejecutor. Si se detectaran irregularidades ya se estableció que exigirán las correcciones necesarias, incluso la devolución de fondos cuya inversión no se pueda demostrar. Se podrá llegar a la rescisión del convenio y a instar a la parte pertinente a que finalice la obra con fondos propios.

En cualquier caso, la Nación apunta a concluir el Plan de Alberto Fernández. Aportará financiamiento si la ejecución del convenio es correcta, tiene el avance de obra correspondiente y se considerará el interés público comprometido y los costos que conlleve.

Este tipo de decisiones no pueden discutirse porque se adoptan en el marco del

el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. La aprobación de las leyes que trata actualmente el Congreso terminará de definir un punto de partida para la determinación de políticas que viabilicen los objetivos de una gestión que insiste en un cambio profundo que, en un país federal, no es posible sin el acuerdo de las provincias.

Precisamente son los laboriosos acuerdos con distintos sectores políticos y, especialmente, con la mayoría de los gobernadores,  los que están demostrando que una nueva etapa está comenzando.

Salta, 19 de junio de 2024