Concordia

La pérdida de recursos que padece el norte argentino desde el inicio del año -que se va profundizando- apura el acuerdo propuesto por el gobernador Gustavo Sáenz, en defensa del federalismo.

Opinión 31/05/2024

Editorial

Se trata del Pacto de Güemes, que se firmará el 17 de junio.

El mandatario realizó una convocatoria a todos los sectores de la vida provincial, especialmente a la oposición, a sumarse a este acuerdo que “no discute ideologías, ni puntos de vistas, ni formas de gobernar”, según aclaró en el programa periodístico Cara a Cara, que se difunde por Aries. Ya está recibiendo aportes, como el realizado por la CGT de Salta.

Hay informes que claramente justifican el llamado del gobernador salteño porque, como viene sucediendo desde el fondo de la historia, muestran la postergación que padece la región y que afecta a Salta de manera muy gravosa. Ello se vincula a la caída de las transferencias no automáticas que bajaron un 90% en el primer cuatrimestre en comparación con el mismo período del año pasado, según datos suministrados por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ese retroceso no se debe a la suspensión de transferencias discrecionales, que son potestad del Ejecutivo, sino del incumplimiento de normas vigentes y acuerdos oportunamente firmados entre el gobierno nacional y las provincias.

Esas pérdidas no se compensan con una suba real, que se estima en un 10%, con la que cerrará este mes y que se corresponde con el  crecimiento de las transferencias nacionales automáticas, que tiene base en los vencimientos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias  que las empresas liquidaron del cierre del año 2023. Datos privados estiman esa diferencia en  unos $234.000 millones en mayo para todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

No solo el flujo interrumpido de recursos preocupa a la región y especialmente a Salta. La parálisis de obras públicas financiadas por la Nación es casi total, pese al grado de avance que registran algunas de ellas. Ello genera el crecimiento de trabajadores de la construcción desocupados, que en la provincia gira alrededor de los 9 mil.

También genera preocupación y es un reclamo que sostiene todo el país, el fin del Fondo Compensador del Interior -que en 2023 implicó $102.000 millones en subsidios para el transporte público - que anunció en febrero el Ministro de Economía de la Nación. Esta decisión no sólo coloca en cabeza de las provincias la carga del funcionamiento de un servicio que es esencial sino que expresa la discriminación hacia el interior, atento a que el área metropolitana central no perdió ese beneficio.

Ese marco es en el que el gobernador Sáenz inscribe su pretensión de lograr un acuerdo provincial, atendiendo al legado que dejaron próceres de la talla de San Martín, Belgrano y Güemes, de “una Argentina independiente, soberana pero también justa, libre y  equitativa por sobre todas las cosas”. Enfatizó en la necesidad de reformar el sistema de coparticipación federal, para que tenga un criterio objetivo de reparto con la solidaridad como principio rector. 

El mandatario pidió el acompañamiento, que no es a su gestión ni a su persona, sino a los salteños “en homenaje a Güemes, a su memoria y por su legado”.  Un plenario de secretarios generales de la central sindical salteña ya definió algunos puntos que debiera contener el acuerdo y que apuntan a asegurar fuentes de empleo decente, respeto por el ambiente y preservar el lugar que consideran debe tener el gremialismo en la definición de líneas de desarrollo.

Todavía hay un camino por recorrer porque no alcanzan las voces de adhesión expresadas por la dirigencia política oficialista ni el reproche dirigido a legisladores nacionales y provinciales opositores, que definen su posición siguiendo una bandera política.

Es el momento de la concordia para que la Provincia no se vea como un feudo, sino como una entidad que precedió a la Nación.

Salta, 31 de mayo de 2024

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