Pero también pretende hacer un aporte para solucionar urgencias por las que demandan distintos sectores sociales. Además se ha planteado un objetivo fundamental: que la institución recupere sus facultades.
De eso se escuchó durante el debate de la Comisión de Educación de Diputados, que comenzó a dar tratamiento a distintos proyectos relacionados con la emergencia del financiamiento universitario. La cuestión quedó al tope de la lista de prioridades que integran otras cuestiones vinculadas a la educación. Cabe aclarar que ninguna de ellas trata la calidad de un servicio que apunta a formar el recurso humano del país. La política de los gobiernos de los últimos 40 años, con excepción de una tarea que se delegó en un Congreso Federal de Educación, nunca apuntó a diseñar una educación para un país que había dejado atrás la negra noche de dictaduras militares que instalaron sucesivos golpes de Estado. Tampoco -hay que reconocerlo- en cuatro décadas se llegó a un acuerdo en torno de qué Argentina se pretende, más allá de la convicción que la democracia es su modelo de convivencia política.
Desde que hace 10 días millones de personas en todo el territorio nacional tendieron un cerco de protección de la educación pública, partiendo de la defensa de la universidad, se ha logrado que la Comisión que preside el bonaerense Alejandro Finocchiaro, del Pro, encare el análisis de la crisis en la que se está sumiendo al sistema de educación superior. Al margen de las cuestiones de organización de la tarea legislativa, el encuadre conceptual del tratamiento que el Congreso le debe a la cuestión lo dio la diputada Pamela Calletti, de Innovación Federal.
La legisladora saencista instó a “distinguir lo urgente de lo importante”, ubicando al recorte del presupuesto para el funcionamiento de las universidades como lo primero; después será el momento de lo importante. Consideró el hecho que la mayoría de las casas de estudio ya tienen agotado su presupuesto anual en el primer cuatrimestre. En el caso de la UNSa, tiene ejecutados más del 97%, de los recursos asignados a través de un esquema de gastos e ingresos determinados en septiembre de 2022, con una hipótesis inflacionaria del 60% para el 2023, cuando ese índice fue del 211%. Calletti destacó que hay una cuestión coyuntural que debe tratarse de forma inmediata y es que las universidades “no tienen aire”. Precisamente es autora de un proyecto que propone ajustar con el IPC una fórmula polinómica, que permita que las universidades puedan seguir encendiendo “la luz del aula”, dijo para explicar la extrema restricción que le impone la insuficiencia presupuestaria.
Desde todos los sectores que participan de la Comisión de Educación, hubo coincidencia en tratar de acelerar las decisiones. Con datos precisos como son los vinculados a partidas asignadas y ejecutadas y las variaciones de costos que la actividad académica y científica sufre, hubo quienes consideraron ocioso abrir el juego a la opinión de protagonistas del proceso educativo, considerando más importante dictaminar y llevar la problemática al recinto.
Lo que no es posible es sustraer del debate la búsqueda de responsables o la consideración que supone el posicionamiento político. Desde la oposición kirchnerista se aseguró que “el origen de la desfinanciación de la universidad pública argentina tiene que ver con un modelo de país que apunta al enriquecimiento de un sector vinculado a las finanzas y a la especulación y un empobrecimiento de lo público y los trabajadores”. Desde la izquierda se vio un funcionamiento discriminatorio de la licuación que redujo en un 80% las transferencias a las provincias en concepto de educación mientras los ATN crecieron un 177%. El oficialismo advirtió que la crisis educativa no es nueva y es muy grande porque se ha decrecido en alfabetización.
Frente a la política, la sociedad ya dijo lo suyo en la marcha del 23 de abril.
Salta, 03 de mayo de 2023
