La frontera norte es una preocupación por su vulnerabilidad. Una serie de delitos complejos justifican la decisión de potenciar la acción del Grupo de Operaciones Conjunta del NOA, que nuclea a fuerzas de seguridad y autoridades políticas y judiciales de la región.
Opinión16/04/2024
No faltan datos que le dan razón a esta decisión ni está ausente la demanda de enfrentar con más resolución una serie de situaciones que se vinculan a ese tipo de delitos, como el narcotráfico o la trata de personas, que componen un entramado con graves consecuencias sociales.
En el caso del narcotráfico, que tiene en la ciudad santafecina de Rosario un espejo en el que nadie quiere mirarse, arroja cifras para el noroeste del país que deben llamar a una acción profunda y urgente. Salta y Jujuy son puertas de ingreso de cocaína y marihuana mientras que Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, tienen las rutas por donde mayoritariamente transita marihuana, éxtasis, fentanilo, troqueles de LSD y metanfentaminas.
El tráfico es creciente y desde el inicio de esta década no ha cedido, más allá de espasmódicos esfuerzos que se realizan para su control. Por ejemplo, en el caso de la cocaína secuestrada, los volúmenes se incrementaron de 1.100 kilos en 2020 a 4.800 en 2023. A la cabeza de estos secuestros está Salta, que el año pasado sumó 1796 kilos, seguida por Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Precisamente esta provincia ocupa lugares relevantes en los informes que se realizan sobre el desarrollo del narcotráfico. Un trabajo realizado por Gendarmería Nacional en 2018 ya daba cuenta que es el territorio donde más estupefacientes se secuestraron y la mayoría de los envíos a otros puntos del país y a los puertos para su exportación, salen desde localidades salteñas.
La dimensión de este tipo de delitos justifica que se enfrente de manera conjunta porque la envergadura de la lucha que exige no permite mezquindades ni trabajos aislados porque demanda mayor coordinación operativa e investigativa. Pero especialmente obliga a una decisión política para llegar a resultados efectivos.
Este propósito no es novedoso. Cabe recordar que en 2016, cuando el Ministerio de Seguridad también estaba en manos de Patricia Bullrich, se creó el Consejo Regional del NOA contra el Narcotráfico, en el marco del convenio firmado con Nación “Argentina sin Narcotráfico”. Se partió del sinceramiento de la situación en orden a que la Argentina dejó de ser un país de tránsito para pasar a ser un país de destino. Se planteó blindar las fronteras y formar equipos profesionalizados en inteligencia criminal. El avance en ese sentido no fue continuo ni mostró eficacia. En febrero pasado le tocó al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezar la Primera Reunión Interprovincial de Coordinación Operativa de Fuerzas de Seguridad, frente a la necesidad de trabajar en conjunto.
La droga no es un problema de frontera o criminal. Se ha convertido en una cuestión social porque avanza sobre amplias franjas poblacionales de centros urbanos de distinta dimensión. La edad o la condición social ya no marcan diferencias y ese es también un aspecto que debe atenderse con la misma urgencia y profundidad.
Salta, 16 de abril de 2024
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
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