Petri echó a un equipo que investigaba archivos de la dictadura

El ministro desvinculó a 10 de los 13 miembros del equipo y disparó munición gruesa contra su actuación en estos años. Afirmó que eran “un grupo parajudicial” con facultades que solo cuenta la Justicia: “Podían tener llaves de todas las oficinas, requisar y meterse en los archivos, precintar lo que quisieran sin tener una orden judicial”, enumeró.

Petri sostuvo además que “los informes que produjeron no están en el sistema, yo como ministro no puedo acceder, los mantuvieron en secreto en sus computadoras y en los últimos tiempos fueron con memorias portátiles a llevárselos. Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas”, sentenció.

El desmantelamiento del EryA fue revelado días atrás por Página 12 y generó también repercusiones judiciales entre fiscales y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad que apelaban a archivos documentales castrenses a través del Equipo.

La controversia escaló al punto que el procurador general Eduardo Casal le sacó tarjeta amarilla al fiscal federal de Bahía Blanca Miguel Palazzani, quien había enviado un oficio al ministro reclamándole “evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa”.

“El oficio por él (Palazzani) remitido, parte de fundamentos hipotéticos en relación con decisiones que corresponden a otro poder, en términos que tampoco lucen apropiados”, lo amonestó su superior Casal en nota del 9 de abril pasado y completó con elegancia: “Corresponde llamar la atención del doctor Palazzani para que en el futuro evite acciones de esta índole".

El Equipo de relevamiento fue creado en marzo de 2010 por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré por la resolución ministerial 240. Disponía la conformación de un “Grupo de Trabajo” por un lapso de 6 meses bajo la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio (otra innovación de Garré, que ya en la dictadura recibía denuncias en la APDH).

Con el fin de “preservar” los archivos y documentos existentes que pudieran servir en investigaciones judiciales “o de interés para la sociedad”, facultaba al Grupo a “precintar o limitar el acceso temporal” en dependencias de las FFAA que considerara pertinente para la preservación del contenido. También instruía a los jefes de las fuerzas a permitir el “acceso irrestricto” del Grupo a todas las dependencias bajo su órbita. Y la obligación que dieran copia de las llaves de oficinas y armarios, si así se les solicitaba.

La creación de ese Grupo se correspondió con la reactivación de múltiples causas judiciales por la represión ilegal, tras las nulidades de las leyes del perdón en tiempos del primer gobierno kirchnerista. Y con una intervención sin precedentes de una ministra en los asuntos militares antes vedados.

La tarea del equipo fue apoyada por los organismos de derechos humanos y organismos como el CELS, que ahora cuestionan la decisión de Defensa de desmantelarlo. Hay conexiones e incluso integrantes del equipo ingresadas en el último tiempo habían trabajado antes en los archivos del CELS.

El ministro Petri objetó todo su trabajo en forma lapidaria. “No sabemos a quién respondían. Tenían 6 informes publicados en 14 años. La designación en 2010 era por seis meses y (el ex ministro Jorge) Taiana los declaró permanentes”, objetó.

El ministro anticipó que está bajo investigación el presunto empleo de información por parte de personal del equipo, con fines de “persecución”. Y negó que el área vaya a ser cerrada: “Vamos a rediseñar toda el área y a modificar la resolución” que creó el grupo, completó Petri.

24 de Marzo y después

En Defensa, y en la Casa Rosada con Javier Milei y su vice Victoria Villarruel, hay una política enfrentada a las que llevaron los K respecto de los años de la dictadura y la represión militar. El 24 de marzo el Gobierno difundió su video donde habló solamente de la violencia de las organizaciones armadas, de la “memoria completa” que reclamaban los militares, no aludió al terorismo de Estado y cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos. También busca facilitar la prisión domiciliaria de los condenados mayores de 70 años, un beneficio negado en los gobiernos kirchneristas.

Cinthia Balé, master en Ciencia Política de la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) y doctora en Ciencias Sociales, dedicada a investigar la historia reciente, defiende el trabajo del Equipo desarticulado: “La Justicia hacía uso de su trabajo y son los que saben el valor que tenía”. Mencionó otros temas como el informe Rattenbach sobre las responsabilidades en la guerra de Malvinas o los archivos del almirante Isaac Rojas sobre la Revolución Libertadora. Sobre la dictadura ejemplificó que en los juicios por los “vuelos de la muerte” hubo documentación que produjo el equipo que permitió identificar a algunos de los pilotos que hacían vuelos desde Campo de Mayo.

Clarín