Así se ha presentado un pequeño paquete de medidas, que tiene antecedentes en otros momentos de crisis financiera, y que sólo inquieta respecto de la continuidad de obras públicas y la calidad de la prestación de servicios esenciales. En cualquier caso, la situación actual ha sido adjudicada a decisiones del gobierno saliente y del entrante, que alteraron una gestión que aprobó la ciudadanía en mayo pasado.
En esos términos se colocó el punto de partida de lo que viene. Los cuatro años anteriores, según las referencias del Ministro de Economía y Servicios, fueron de equilibrio fiscal y permitieron la creación de fuentes de trabajo, la reducción del stock de deudas, la rendición de cuentas en tiempo y forma, la ejecución de más de 2.100 obras públicas y una fuerte inversión en equipamiento sanitario, de seguridad y en el área de educación. Ese panorama virtuoso está en riesgo, es lo que advirtió el gobierno provincial.
El programa previsto no pareciera muy complejo; sin embargo, implica decisiones que van a marcar el tiempo que viene y que comprometen a toda la sociedad. La tarea de revisión de contratos que quedará en manos de una comisión que se creará para adecuar su desarrollo a “un país diferente al de hace dos semanas”, de acuerdo a la evaluación de las medidas que hasta ahora dispuso el gobierno nacional y que comenzarán a confrontarse a partir del primer diálogo formal entre los Ejecutivos nacional y provinciales. También se suma otra medida no menos preocupante, como es la suspensión de nuevas licitaciones.
Asimismo, en una réplica exacta respecto de las decisiones del gobierno central que, entre otras, dispuso suspender las partidas de asistencia financiera vigentes en las últimas dos décadas, el provincial hará lo propio con los municipios. Esta resolución, que ya fue informada a 20 intendentes que estrenaron gestión el 10 de diciembre, también se discute entre los cuarenta restantes, que vienen de prácticas más dispendiosas a partir del funcionamiento de un fondo que se integra con aportes de la coparticipación municipal. La habitual revisión del estado financiero de las cuentas comunales está obligando a la aplicación de planes de restricción de gastos, como anunciara este lunes el intendente de Rosario de la Frontera, que está tratando de determinar cuál es la deuda real que dejó su antecesor. Después vendrá el tiempo de recurrir a la Justicia, si es que no se encuentran modos de cerrar las cuentas.
El Ejecutivo provincial también invitó a los otros poderes a adoptar medidas análogas e incluyó en la convocatoria a organismos autárquicos y empresas del Estado. Aguas del Norte, una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal, no demoró nada en resolver seguir ese plan de austeridad y se comprometió a no aumentar por seis meses los salarios de su línea gerencial, que superan significativamente los ingresos medios provinciales. También informó que controlará gastos, restringirá viáticos, viajes y adquisición de bienes. La ejecución de obras continuará solamente con las necesarias para garantizar la prestación del servicio de agua y cloaca. Actualmente, hay un evidente déficit a la luz de la mala calidad de tal prestación y seguramente la ineficiente gestión se escudará detrás de estas restricciones.
Todo pone en evidencia que no es la política la que pagará el costo de la debacle nacional, como prometió La Libertad Avanza. Corresponderá al gobierno provincial resguardar sus logros, sosteniendo una Salta previsible y predecible. y aprovechando un potencial de desarrollo que le permita crecer como se proyectaba. O, al menos, no hundirse arrastrando a los salteños en la caída .
Salta, 19 de diciembre de 2023
