Se destacó hoy el ejemplo luminoso para la paz del mundo que representa el Tratado que se firmó en 1984 entre la Argentina y Chile. La mediación de la Iglesia Católica evitó que ambas naciones cayeran en el abismo de la guerra.
Conflictividad
El país tiene protocolo antipiquete y en menos de una semana se pondrá a prueba su efectividad. Hay antecedentes similares que quedaron en el camino, con el mismo propósito, que es el de restablecer el orden y preservar la paz social en situaciones de conflictividad.
Opinión15/12/2023Desde 2015 se intenta imponer una ley en esa dirección y precisamente el proyecto tuvo como promotora a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que ahora motoriza un conjunto de medidas habilitando a las cuatro fuerzas federales y al servicio penitenciario a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Se aclara que tal intervención debe realizarse de acuerdo a los códigos procesales vigentes.
De esta manera cierra un año en que hubo dos momentos en que la cuestión, en agenda desde la década pasada, tomó impulso y se expresó en junio en Salta y Jujuy. La vecina provincia incluyó un artículo en su reformada constitución que prohíbe la toma de edificios públicos y el corte de rutas y manda a la Legislatura a reglamentar la protesta social en esos términos. Ese punto y otros vinculados a comunidades originarias desataron la reacción de grupos que actuaron en todo su territorio y fueron reprimidos con excesiva violencia según Amnistía Internacional, que en octubre dio a conocer un adelanto del informe que seguramente fundamentará, en el mejor de los casos, una recomendación de enmienda.
En Salta, el gobierno vetó parcialmente la llamada ley de "Convivencia Social" que se sancionó a poco de producida la reelección del gobernador Gustavo Sáenz, y en medio de un foco de protesta sostenido especialmente por docentes y personal de salud. Lo que quedó luego del veto a la pretensión de imponer una autorización encubierta a la realización de protestas, entre otras restricciones, no se está aplicando y especialmente los cortes de rutas se repiten en las áreas más conflictivas de la Provincia.
Estos intentos de resolver la problemática de los piquetes ha llevado a que algunos expertos cuestionen que sea por la vía de normas cuya inconstitucionalidad se revela de inmediato. Por caso, Roberto Gargarella -catedrático de la Universidad Di Tella y especialista en derecho a la protesta- destaca una “fatiga democrática” que afecta a democracias constitucionales que están en grave crisis y que se manifiesta en el desapego de los ciudadanos hacia sus representantes. “Ese cansancio -dice- se debe, en parte, al hecho de que hoy se cuenta con normas constitucionales generosísimas, que incluyen todos los derechos imaginables y más, pero que contrastan con prácticas institucionales miserables, de sistemático avasallamiento de tales derechos”.
Esta nueva propuesta de control estatal sobre las manifestaciones públicas de protesta, que presentara este jueves la Ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, apuesta a la legitimidad política obtenida en las urnas para sostener la decisión de actuar manteniendo despejados los espacios de circulación. Vuelve a enervar el debate en torno de la colisión entre derechos, presentando al de circular y manifestarse como si fueran iguales, pero privilegiando al que observa como el vulnerado cuando se impide el libre tránsito, lo que lleva a que se limite el derecho a la protesta.
La respuesta de organizaciones sociales, entidades sindicales y sectores políticos, que tienen en las movilizaciones su herramienta de actuación, no se hizo esperar. Redoblaron su apuesta a tomar la calle. La conflictividad social va creciendo.
Salta, 15 de diciembre de 2023
El severo ajuste al que se sometió a los jubilados desde el inicio de la nueva gestión, los hizo perder el 50% de su poder adquisitivo, que no se pudieron recuperar, ni con el bono de 70 mil pesos, ni con las actualizaciones dispuestas por decreto.
En medio de un panorama político cada vez más complejo, el Ejecutivo Nacional resolvió finalmente reformar el sistema electoral.
Los gobiernos provinciales están a punto de quedarse a expensas de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional.
Ayer me crucé con un amigo al que no veía hace algunos meses. Nos pusimos al día y entre novedades poco felices me contó que su mamá, una señora ya grande, había tenido un accidente doméstico y se había caído.
Este miércoles se realizan las pruebas Aprender en todo el país con el objetivo de medir el rendimiento académico de una franja de alumnos del sistema educativo argentino.
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El miércoles 8 de enero, a las 9:30, en Metán, se llevará a cabo la audiencia pública para informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales respecto del tema.
Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, vinculado -por La Nación- con el diputado nacional de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, ha sido señalado por maniobras que significan una pérdida de cerca de $187 mil millones al fisco.
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Desde las cámaras empresarias piden al Gobierno nacional, provincial y municipal profundizar los controles. Caso contrario, analizan declarar una “zona franca”.
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