El país tiene protocolo antipiquete y en menos de una semana se pondrá a prueba su efectividad. Hay antecedentes similares que quedaron en el camino, con el mismo propósito, que es el de restablecer el orden y preservar la paz social en situaciones de conflictividad.
Opinión15/12/2023
Desde 2015 se intenta imponer una ley en esa dirección y precisamente el proyecto tuvo como promotora a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que ahora motoriza un conjunto de medidas habilitando a las cuatro fuerzas federales y al servicio penitenciario a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Se aclara que tal intervención debe realizarse de acuerdo a los códigos procesales vigentes.
De esta manera cierra un año en que hubo dos momentos en que la cuestión, en agenda desde la década pasada, tomó impulso y se expresó en junio en Salta y Jujuy. La vecina provincia incluyó un artículo en su reformada constitución que prohíbe la toma de edificios públicos y el corte de rutas y manda a la Legislatura a reglamentar la protesta social en esos términos. Ese punto y otros vinculados a comunidades originarias desataron la reacción de grupos que actuaron en todo su territorio y fueron reprimidos con excesiva violencia según Amnistía Internacional, que en octubre dio a conocer un adelanto del informe que seguramente fundamentará, en el mejor de los casos, una recomendación de enmienda.
En Salta, el gobierno vetó parcialmente la llamada ley de "Convivencia Social" que se sancionó a poco de producida la reelección del gobernador Gustavo Sáenz, y en medio de un foco de protesta sostenido especialmente por docentes y personal de salud. Lo que quedó luego del veto a la pretensión de imponer una autorización encubierta a la realización de protestas, entre otras restricciones, no se está aplicando y especialmente los cortes de rutas se repiten en las áreas más conflictivas de la Provincia.
Estos intentos de resolver la problemática de los piquetes ha llevado a que algunos expertos cuestionen que sea por la vía de normas cuya inconstitucionalidad se revela de inmediato. Por caso, Roberto Gargarella -catedrático de la Universidad Di Tella y especialista en derecho a la protesta- destaca una “fatiga democrática” que afecta a democracias constitucionales que están en grave crisis y que se manifiesta en el desapego de los ciudadanos hacia sus representantes. “Ese cansancio -dice- se debe, en parte, al hecho de que hoy se cuenta con normas constitucionales generosísimas, que incluyen todos los derechos imaginables y más, pero que contrastan con prácticas institucionales miserables, de sistemático avasallamiento de tales derechos”.
Esta nueva propuesta de control estatal sobre las manifestaciones públicas de protesta, que presentara este jueves la Ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, apuesta a la legitimidad política obtenida en las urnas para sostener la decisión de actuar manteniendo despejados los espacios de circulación. Vuelve a enervar el debate en torno de la colisión entre derechos, presentando al de circular y manifestarse como si fueran iguales, pero privilegiando al que observa como el vulnerado cuando se impide el libre tránsito, lo que lleva a que se limite el derecho a la protesta.
La respuesta de organizaciones sociales, entidades sindicales y sectores políticos, que tienen en las movilizaciones su herramienta de actuación, no se hizo esperar. Redoblaron su apuesta a tomar la calle. La conflictividad social va creciendo.
Salta, 15 de diciembre de 2023
Tiene media sanción la reforma del Régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Se trata de herramientas que la Constitución Nacional contempla y que le permiten al Poder Ejecutivo tener más injerencia en la sanción de leyes.
Con una inversión de unos 150 millones de dólares, la Provincia de Salta ha comenzado este jueves la construcción de la obra vial más importante por su costo pero también por su impacto social y económico. La puesta en marcha del emprendimiento sirvió para mostrar una propuesta con vista a la reforma parcial del Congreso.
No todo puede ser presa de la especulación política. No todo vale. No todo da lo mismo. Al menos en nuestro metro cuadrado, en nuestra enorme y querida provincia de Salta, no vamos a dejar que esto siga pasando.
En el inquietante clima social que suele generar una campaña electoral, un avance en el sentido de censurar a la prensa produjo mayor perturbación. Pero también promovió pronunciamientos para advertir que los derechos y libertades no deben ser impactados en función de los intereses de sectores.
Aunque la campaña electoral está en marcha, el trecho hasta el 26 de octubre es considerable, dada la dinámica de la política argentina. Si el elector dispusiera seguirla de cerca, seguramente profundizaría el desconcierto con el que la observa ahora.
El 7 de septiembre Buenos Aires vuelve a votar, y aunque parezca un hecho local, lo sabemos bien: lo que allí suceda repercute en cada rincón del país.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
La Junta Electoral Nacional, distrito Salta, aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP). El documento se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.