El país tiene protocolo antipiquete y en menos de una semana se pondrá a prueba su efectividad. Hay antecedentes similares que quedaron en el camino, con el mismo propósito, que es el de restablecer el orden y preservar la paz social en situaciones de conflictividad.
Opinión15/12/2023
Desde 2015 se intenta imponer una ley en esa dirección y precisamente el proyecto tuvo como promotora a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que ahora motoriza un conjunto de medidas habilitando a las cuatro fuerzas federales y al servicio penitenciario a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Se aclara que tal intervención debe realizarse de acuerdo a los códigos procesales vigentes.
De esta manera cierra un año en que hubo dos momentos en que la cuestión, en agenda desde la década pasada, tomó impulso y se expresó en junio en Salta y Jujuy. La vecina provincia incluyó un artículo en su reformada constitución que prohíbe la toma de edificios públicos y el corte de rutas y manda a la Legislatura a reglamentar la protesta social en esos términos. Ese punto y otros vinculados a comunidades originarias desataron la reacción de grupos que actuaron en todo su territorio y fueron reprimidos con excesiva violencia según Amnistía Internacional, que en octubre dio a conocer un adelanto del informe que seguramente fundamentará, en el mejor de los casos, una recomendación de enmienda.
En Salta, el gobierno vetó parcialmente la llamada ley de "Convivencia Social" que se sancionó a poco de producida la reelección del gobernador Gustavo Sáenz, y en medio de un foco de protesta sostenido especialmente por docentes y personal de salud. Lo que quedó luego del veto a la pretensión de imponer una autorización encubierta a la realización de protestas, entre otras restricciones, no se está aplicando y especialmente los cortes de rutas se repiten en las áreas más conflictivas de la Provincia.
Estos intentos de resolver la problemática de los piquetes ha llevado a que algunos expertos cuestionen que sea por la vía de normas cuya inconstitucionalidad se revela de inmediato. Por caso, Roberto Gargarella -catedrático de la Universidad Di Tella y especialista en derecho a la protesta- destaca una “fatiga democrática” que afecta a democracias constitucionales que están en grave crisis y que se manifiesta en el desapego de los ciudadanos hacia sus representantes. “Ese cansancio -dice- se debe, en parte, al hecho de que hoy se cuenta con normas constitucionales generosísimas, que incluyen todos los derechos imaginables y más, pero que contrastan con prácticas institucionales miserables, de sistemático avasallamiento de tales derechos”.
Esta nueva propuesta de control estatal sobre las manifestaciones públicas de protesta, que presentara este jueves la Ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, apuesta a la legitimidad política obtenida en las urnas para sostener la decisión de actuar manteniendo despejados los espacios de circulación. Vuelve a enervar el debate en torno de la colisión entre derechos, presentando al de circular y manifestarse como si fueran iguales, pero privilegiando al que observa como el vulnerado cuando se impide el libre tránsito, lo que lleva a que se limite el derecho a la protesta.
La respuesta de organizaciones sociales, entidades sindicales y sectores políticos, que tienen en las movilizaciones su herramienta de actuación, no se hizo esperar. Redoblaron su apuesta a tomar la calle. La conflictividad social va creciendo.
Salta, 15 de diciembre de 2023
Cierra una semana en la que se planteó uno de los debates políticos más esclarecedores. La discusión del jueves en el Senado de la Nación contra el veto a una nueva modalidad de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro, puso sobre el tapete cuestiones fundamentales de la relación entre el gobierno central y las provincias.
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
Un nuevo informe del IELDE reveló una caída sostenida de la pobreza estructural en la provincia. La directora del instituto, Carla Arévalo, alertó que las disparidades internas persisten.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.