El país tiene protocolo antipiquete y en menos de una semana se pondrá a prueba su efectividad. Hay antecedentes similares que quedaron en el camino, con el mismo propósito, que es el de restablecer el orden y preservar la paz social en situaciones de conflictividad.
Opinión15/12/2023
Desde 2015 se intenta imponer una ley en esa dirección y precisamente el proyecto tuvo como promotora a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que ahora motoriza un conjunto de medidas habilitando a las cuatro fuerzas federales y al servicio penitenciario a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Se aclara que tal intervención debe realizarse de acuerdo a los códigos procesales vigentes.
De esta manera cierra un año en que hubo dos momentos en que la cuestión, en agenda desde la década pasada, tomó impulso y se expresó en junio en Salta y Jujuy. La vecina provincia incluyó un artículo en su reformada constitución que prohíbe la toma de edificios públicos y el corte de rutas y manda a la Legislatura a reglamentar la protesta social en esos términos. Ese punto y otros vinculados a comunidades originarias desataron la reacción de grupos que actuaron en todo su territorio y fueron reprimidos con excesiva violencia según Amnistía Internacional, que en octubre dio a conocer un adelanto del informe que seguramente fundamentará, en el mejor de los casos, una recomendación de enmienda.
En Salta, el gobierno vetó parcialmente la llamada ley de "Convivencia Social" que se sancionó a poco de producida la reelección del gobernador Gustavo Sáenz, y en medio de un foco de protesta sostenido especialmente por docentes y personal de salud. Lo que quedó luego del veto a la pretensión de imponer una autorización encubierta a la realización de protestas, entre otras restricciones, no se está aplicando y especialmente los cortes de rutas se repiten en las áreas más conflictivas de la Provincia.
Estos intentos de resolver la problemática de los piquetes ha llevado a que algunos expertos cuestionen que sea por la vía de normas cuya inconstitucionalidad se revela de inmediato. Por caso, Roberto Gargarella -catedrático de la Universidad Di Tella y especialista en derecho a la protesta- destaca una “fatiga democrática” que afecta a democracias constitucionales que están en grave crisis y que se manifiesta en el desapego de los ciudadanos hacia sus representantes. “Ese cansancio -dice- se debe, en parte, al hecho de que hoy se cuenta con normas constitucionales generosísimas, que incluyen todos los derechos imaginables y más, pero que contrastan con prácticas institucionales miserables, de sistemático avasallamiento de tales derechos”.
Esta nueva propuesta de control estatal sobre las manifestaciones públicas de protesta, que presentara este jueves la Ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, apuesta a la legitimidad política obtenida en las urnas para sostener la decisión de actuar manteniendo despejados los espacios de circulación. Vuelve a enervar el debate en torno de la colisión entre derechos, presentando al de circular y manifestarse como si fueran iguales, pero privilegiando al que observa como el vulnerado cuando se impide el libre tránsito, lo que lleva a que se limite el derecho a la protesta.
La respuesta de organizaciones sociales, entidades sindicales y sectores políticos, que tienen en las movilizaciones su herramienta de actuación, no se hizo esperar. Redoblaron su apuesta a tomar la calle. La conflictividad social va creciendo.
Salta, 15 de diciembre de 2023
El Senado de la Provincia se sumó este jueves a la tarea de resolver el desastre ambiental generado por un pozo petrolero descontrolado en Pichanal. La propuesta presentada por el representante de Orán no es la solución sino la exigencia de su búsqueda.
El control público, un costado vulnerable de la administración del Estado en sus distintos niveles, está mostrando que es un mecanismo imprescindible para evitar las recurrentes crisis económicas y sociales.
No pasa muchas veces. Incluso hay años en los que ni siquiera pasa una vez. En la Argentina híperpresidencialista ocurre muy cada tanto, generalmente en momentos como estos: en momentos de crisis.
“Tal vez llegó el momento de más humanidad y menos cemento”. La definición es una salida a una situación compleja que comenzó a asfixiar a la administración provincial.
Lejos de cualquier tipo de especulación política,gobernadores e intendentes están ocupados en el financiamiento de la gestión en provincias y municipios. A la parálisis de obras públicas, se ha sumado la profundización de la caída de la recaudación, que se refleja en menor coparticipación.
En la Argentina de hoy donde los discursos oficiales prometen sacrificios para un futuro mejor, la realidad inmediata golpea con fuerza a los sectores mas vulnerables.
Los detalles los precisó el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, en diálogo con Aries. Explicó que significará una inversión de $436 millones mensuales.
El Consejo de Administración del Hospital Garrahan advirtió a los residentes que allí trabajan que comenzarán a aplicar sanciones en caso de no cesar con el reclamo salarial y las medidas de fuerza.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que se encontró partes del fuselaje, chalecos salvavidas, documentación de la tripulación y cuerpos sin vida.
Gianluca Mancuso, hijo de Alejandro -el ex futbolista de la Selección Argentina y ayudante de Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010 se incorpora a Central Norte para Jugar la Primera Nacional.
“Lo fundamental es enfrentar a Milei y demostrarle que la juventud no se va a quedar callada ante todo el avasallamiento”, indicó Camila Morales, integrante de la junta directiva de la JP.