El país tiene protocolo antipiquete y en menos de una semana se pondrá a prueba su efectividad. Hay antecedentes similares que quedaron en el camino, con el mismo propósito, que es el de restablecer el orden y preservar la paz social en situaciones de conflictividad.
Opinión 15/12/2023
Desde 2015 se intenta imponer una ley en esa dirección y precisamente el proyecto tuvo como promotora a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que ahora motoriza un conjunto de medidas habilitando a las cuatro fuerzas federales y al servicio penitenciario a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Se aclara que tal intervención debe realizarse de acuerdo a los códigos procesales vigentes.
De esta manera cierra un año en que hubo dos momentos en que la cuestión, en agenda desde la década pasada, tomó impulso y se expresó en junio en Salta y Jujuy. La vecina provincia incluyó un artículo en su reformada constitución que prohíbe la toma de edificios públicos y el corte de rutas y manda a la Legislatura a reglamentar la protesta social en esos términos. Ese punto y otros vinculados a comunidades originarias desataron la reacción de grupos que actuaron en todo su territorio y fueron reprimidos con excesiva violencia según Amnistía Internacional, que en octubre dio a conocer un adelanto del informe que seguramente fundamentará, en el mejor de los casos, una recomendación de enmienda.
En Salta, el gobierno vetó parcialmente la llamada ley de "Convivencia Social" que se sancionó a poco de producida la reelección del gobernador Gustavo Sáenz, y en medio de un foco de protesta sostenido especialmente por docentes y personal de salud. Lo que quedó luego del veto a la pretensión de imponer una autorización encubierta a la realización de protestas, entre otras restricciones, no se está aplicando y especialmente los cortes de rutas se repiten en las áreas más conflictivas de la Provincia.
Estos intentos de resolver la problemática de los piquetes ha llevado a que algunos expertos cuestionen que sea por la vía de normas cuya inconstitucionalidad se revela de inmediato. Por caso, Roberto Gargarella -catedrático de la Universidad Di Tella y especialista en derecho a la protesta- destaca una “fatiga democrática” que afecta a democracias constitucionales que están en grave crisis y que se manifiesta en el desapego de los ciudadanos hacia sus representantes. “Ese cansancio -dice- se debe, en parte, al hecho de que hoy se cuenta con normas constitucionales generosísimas, que incluyen todos los derechos imaginables y más, pero que contrastan con prácticas institucionales miserables, de sistemático avasallamiento de tales derechos”.
Esta nueva propuesta de control estatal sobre las manifestaciones públicas de protesta, que presentara este jueves la Ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, apuesta a la legitimidad política obtenida en las urnas para sostener la decisión de actuar manteniendo despejados los espacios de circulación. Vuelve a enervar el debate en torno de la colisión entre derechos, presentando al de circular y manifestarse como si fueran iguales, pero privilegiando al que observa como el vulnerado cuando se impide el libre tránsito, lo que lleva a que se limite el derecho a la protesta.
La respuesta de organizaciones sociales, entidades sindicales y sectores políticos, que tienen en las movilizaciones su herramienta de actuación, no se hizo esperar. Redoblaron su apuesta a tomar la calle. La conflictividad social va creciendo.
Salta, 15 de diciembre de 2023
En Argentina, el déficit fiscal es malinterpretado como la causa principal de los problemas económicos, promoviendo ajustes extremos y estrategias de deuda cuestionables. Esta visión simplista ignora la complejidad real del panorama económico y la experiencia internacional. Es crucial buscar el equilibrio fiscal sin descuidar otros factores económicos fundamentales.
En estas jornadas ha sonado la hora del campo. Se ha promocionado la próxima edición de la Expo Rural Salta y se expusieron desde las provincias las diversas situaciones que atraviesa la actividad agropecuaria y las expectativas en torno del negocio de los alimentos para el país.
Un fuerte sacudón tuvo la opinión pública internacional el sábado pasado, y seguramente será un día recordado especialmente tanto por los historiadores como por los analistas políticos.
Comenzó una nueva etapa del ajuste fiscal. Se aguarda un decreto que determinará la desaparición de unos sesenta de organismos públicos nacionales, mientras sigue la anulación de programas de distinta naturaleza. La provincia no es ajena porque muchos de ellos tienen su representación justificada en Salta.
Por lo menos cuatro proyectos de ley de reforma electoral se encuentran en proceso de análisis en el ámbito político. Dos han iniciado trámite parlamentario y los otros tienen un avanzado estado de elaboración.
Un frasco de vidrio. Un algodón húmedo. Papel secante y tres o cuatro porotos. La clase se convertía en un laboratorio en el que aprendíamos mucho más que ciencias naturales.
En el marco de la política de subsidios de la Administración nacional libertaria el mensaje se acentúa en el uso racional de los servicios, subrayando que la quita se subsidios aun no encontró su techo.
El edil volvía a San Lorenzo cuando una rueda saltó la platabanda y le pegó a la trompa del vehículo.
Con media sanción en Diputados se espera que el Senado avance en la ley que implementa acciones de visualización, concientización y prevención de la ludopatía a edades más tempranas.
Luego que el Gobierno bolivariano le bajó el pulgar a Alberto Fernández como veedor internacional, Venezuela convocó a Roberto Baradel para que sea parte de la jornada electoral.
El sujeto pertenece a la Dirección General de Inspección de Personal. La denuncia policial fue radicada por la empresa Track Seguridad S.R.L.