El país tiene protocolo antipiquete y en menos de una semana se pondrá a prueba su efectividad. Hay antecedentes similares que quedaron en el camino, con el mismo propósito, que es el de restablecer el orden y preservar la paz social en situaciones de conflictividad.
Opinión15/12/2023
Desde 2015 se intenta imponer una ley en esa dirección y precisamente el proyecto tuvo como promotora a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que ahora motoriza un conjunto de medidas habilitando a las cuatro fuerzas federales y al servicio penitenciario a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Se aclara que tal intervención debe realizarse de acuerdo a los códigos procesales vigentes.
De esta manera cierra un año en que hubo dos momentos en que la cuestión, en agenda desde la década pasada, tomó impulso y se expresó en junio en Salta y Jujuy. La vecina provincia incluyó un artículo en su reformada constitución que prohíbe la toma de edificios públicos y el corte de rutas y manda a la Legislatura a reglamentar la protesta social en esos términos. Ese punto y otros vinculados a comunidades originarias desataron la reacción de grupos que actuaron en todo su territorio y fueron reprimidos con excesiva violencia según Amnistía Internacional, que en octubre dio a conocer un adelanto del informe que seguramente fundamentará, en el mejor de los casos, una recomendación de enmienda.
En Salta, el gobierno vetó parcialmente la llamada ley de "Convivencia Social" que se sancionó a poco de producida la reelección del gobernador Gustavo Sáenz, y en medio de un foco de protesta sostenido especialmente por docentes y personal de salud. Lo que quedó luego del veto a la pretensión de imponer una autorización encubierta a la realización de protestas, entre otras restricciones, no se está aplicando y especialmente los cortes de rutas se repiten en las áreas más conflictivas de la Provincia.
Estos intentos de resolver la problemática de los piquetes ha llevado a que algunos expertos cuestionen que sea por la vía de normas cuya inconstitucionalidad se revela de inmediato. Por caso, Roberto Gargarella -catedrático de la Universidad Di Tella y especialista en derecho a la protesta- destaca una “fatiga democrática” que afecta a democracias constitucionales que están en grave crisis y que se manifiesta en el desapego de los ciudadanos hacia sus representantes. “Ese cansancio -dice- se debe, en parte, al hecho de que hoy se cuenta con normas constitucionales generosísimas, que incluyen todos los derechos imaginables y más, pero que contrastan con prácticas institucionales miserables, de sistemático avasallamiento de tales derechos”.
Esta nueva propuesta de control estatal sobre las manifestaciones públicas de protesta, que presentara este jueves la Ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, apuesta a la legitimidad política obtenida en las urnas para sostener la decisión de actuar manteniendo despejados los espacios de circulación. Vuelve a enervar el debate en torno de la colisión entre derechos, presentando al de circular y manifestarse como si fueran iguales, pero privilegiando al que observa como el vulnerado cuando se impide el libre tránsito, lo que lleva a que se limite el derecho a la protesta.
La respuesta de organizaciones sociales, entidades sindicales y sectores políticos, que tienen en las movilizaciones su herramienta de actuación, no se hizo esperar. Redoblaron su apuesta a tomar la calle. La conflictividad social va creciendo.
Salta, 15 de diciembre de 2023
El Ejecutivo Municipal dispuso auditar todas las obras públicas realizadas durante la gestión de Bettina Romero. Sobre varias de ellas hubo denuncias y registro de incidentes que las inhabilitaron con el consiguiente perjuicio para los vecinos de la Capital. Algunos casos ya están judicializados.
A poco de iniciarse, el año legislativo en la Provincia anticipa debates sobre propuestas polémicas que tratan de modificar cuestiones que oportunamente fueron ampliamente discutidas. Actualización o correcciones son las razones que sostienen iniciativas propuestas desde el oficialismo.
El verano en Salta está sosteniendo sus puntos más altos de convocatoria al descanso y el relajamiento. El Carnaval juega un rol protagónico pero deberá pujar con un clima político de igual intensidad, que absorberá la atención del gobierno provincial.
La semana cierra con gobiernos expectantes por situaciones que tendrán fuerte impacto en el devenir del país.
La suspensión de la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación no sólo impactó en la conducción del INDEC.
Febrero avanza con decisiones normativas muy relevantes, aunque no todas tuvieron repercusión masiva. Una de ellas es la reglamentación del derecho de acceso a la información pública, cuestión trascendente para facilitar la participación social en la gestión pública, como un recurso para asegurar su transparencia.
La plataforma Reental vendió en tiempo récord un proyecto inmobiliario digital en San Lorenzo Chico. La operación superó los USD 1,3 millones y marcó un hito para Salta.
Pablo Castañeda advirtió que el metro cuadrado pasó de 500 a más de 1.000 dólares y que hoy el mercado se mueve hacia los inmuebles usados
Aquiles Álvarez, opositor del presidente Daniel Noboa, fue arrestado junto a otras 10 personas, entre ellas su hermano y presidente del club Barcelona.
La magia del carnaval llega este miércoles 11 de febrero a la Plaza Alvarado con una propuesta pensada exclusivamente para los más pequeños.
La AFA confirmó que todos los partidos de la Primera Nacional se transmitirán a través de la plataforma LPF Play. Tras las primeras fechas gratuitas, los hinchas de Central Norte y Gimnasia y Tiro deberán suscribirse al servicio, cuyo valor mensual será de 9 dólares, para poder acceder a las transmisiones en vivo.