El proceso se realiza en la Legislatura de La Pampa. La magistrada Ana Clara Pérez Ballester enfrenta la chance de perder su cargo junto a la asesora Elisa Catán. Las acusadas prefirieron no declarar.
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Este martes por la mañana comenzó el juicio contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán en la Legislatura de Santa Rosa, La Pampa. Ambas funcionarias están acusadas de mal desempeño en sus funciones por haberle entregado a su madre y a su madrastra a Lucio Dupuy, abusado sexualmente y asesinado en noviembre de 2021. Por el crimen, ambas mujeres fueron condenadas a prisión perpetua en febrero de este año.
Ballester, ex titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1, intervino en 2020 junto a Catán en el expediente por la tenencia del chico, en medio de la pandemia y en medio de un conflicto con el padre del menor.
El jury, que podrá terminar con la destitución de ambas funcionarias, será breve. A lo largo de esta semana está previsto que declaren 40 testigos. La semana próxima, el martes 19, se escucharán los alegatos de cierre. El viernes 22 se dictará la sentencia y se sabrá si ambas permanecen o no en su cargo, confirmaron fuentes cercanas al proceso a Infobae.
La acusación en su contra, según las mismas fuentes, apunta a que “omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño”.
El jurado de enjuiciamiento está conformado por su presidente, y a su vez titular del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las legisladoras provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, que fueron designadas por sorteo.
En el juicio también intervienen el procurador general subrogante, Guillermo Sancho –que reemplaza a Mario Oscar Bongianino, quien se excusó tras una recusación planteada por Catán–; el abogado particular de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto; y las defensoras oficiales de Catán, la defensora general Carina Ganuza y Ana Carolina Díaz.
En la audiencia de hoy, Sancho acusó a Pérez Ballester y a Catán, suspendidas preventivamente por el jurado mientras dure el juicio político en su contra. Las acusadas, por lo pronto, prefirieron no declarar.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar de la hermana de un militante, hecho ocurrido el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta.
Oriundo de Cagliari, Italia, el acusado había llegado hasta Orán, donde recibió un bolso con prendas de vestir impregnadas con cocaína que debía trasladar hasta Europa.
El fiscal federal apuntó contra el mandatario correntino por la desaparición del niño de cinco años.
La juega también ordenó peritar dos armas de fuego: una perteneciente al excomisario Maciel y otra del expolicía Mendez.
La denuncia fue presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuán por presunto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El abogado de la familia del menor desaparecido fue duro por el estancamiento de la causa a 44 días.
En el marco de la política de subsidios de la Administración nacional libertaria el mensaje se acentúa en el uso racional de los servicios, subrayando que la quita se subsidios aun no encontró su techo.
El edil volvía a San Lorenzo cuando una rueda saltó la platabanda y le pegó a la trompa del vehículo.
Con media sanción en Diputados se espera que el Senado avance en la ley que implementa acciones de visualización, concientización y prevención de la ludopatía a edades más tempranas.
Luego que el Gobierno bolivariano le bajó el pulgar a Alberto Fernández como veedor internacional, Venezuela convocó a Roberto Baradel para que sea parte de la jornada electoral.
El sujeto pertenece a la Dirección General de Inspección de Personal. La denuncia policial fue radicada por la empresa Track Seguridad S.R.L.