Puntualmente sucede con la creación de juzgados y hasta cámaras. Según fuentes oficiosas, superan los 35 los que esperan ser puestos en funcionamiento.

Esta situación se evidenció en la última sesión de la Cámara de Senadores, a propósito del tratamiento de un proyecto de ley  que modifica la competencia territorial de un juzgado y también crea otro, usando una peculiar limitación basada en coordenadas. El debate permitió introducir un elemento de discusión que puede servir para diversas problemáticas.  

El Senado dio media sanción y giró a Diputados en revisión una iniciativa que aborda por tercera vez una situación que se enmarca en la construcción de una justicia con sentido federal. El propósito es que ciertas franjas de la población accedan a ese servicio como cualquier otro habitante de la Provincia y el país ya que no es precisamente lo que sucede con poblaciones de La Puna y los Valles Calchaquíes a los que la agreste geografía impone limitaciones para ejercitar derechos.

El proyecto aprobado -de autoría de los Senadores Leopoldo Salva y Dani Nolasco- modifica la Ley que crea un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia, con asiento en la localidad Cachi, con competencia territorial en los departamentos Cachi y Molinos. También crea un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral de Personas y Familia, de Violencia familiar y de Género con asiento en la ciudad de San Antonio de los Cobres, en el departamento de Los Andes; en este caso es la segunda vez que se intenta la habilitación de un juzgado multifuero con esas características. La particularidad es que la competencia territorial de los dos juzgados incluye a La Poma, repitiendo mediante coordenadas que crean un paralelo, la división que genera la serranía del Abra del Acay, que delimita la zona de Valles y la de la Puna.

La imponente geografía condena socialmente a un grupo poblacional que no puede gozar de los mismos derechos que el resto de los habitantes porque las distancias, la rudeza del paisaje y la escasa conectividad lo aleja de servicios esenciales. Uno de ellos es el de administración de Justicia, que es imprescindible pero se descarta como elemento para la resolución de conflictos o para el acceso a derechos básicos. Al respecto, el representante de Los Andes Leopoldo Salva,  dijo que el desarrollo de la minería trae progreso pero también problemas que apuran acercar un juzgado para reparar la convivencia social. Y el funcionamiento convencional no sirve porque vivir en La Poma, por ejemplo, demanda que se atienda sus particularidades y se ponga más atención en aspectos quizás invisibles en otras regiones de la Provincia o el país.

Resuelto con el original recurso de las coordenadas uno de los problemas, el otro que se discutió pero no se solucionó es el de encontrar la forma que las leyes que se sancionan no sean letra muerta. En los últimos años se han creado 37 juzgados, que no se han puesto en marcha. La razón es que no se determina el presupuesto de funcionamiento de cada uno de ellos y así lo ha señalado el senador por Cachi, Walter Wayar, cuando describió el criterio expuesto por miembros de la Corte de Justicia: se incumple la ley cuando no hay dinero. Tan discutible posición se supera si se emplaza a los responsables, como lo propuso el legislador, imponiendo el límite a la morosidad en la misma ley.

Hay comprensión cuando se marca que es una deficiencia del sistema pero no se nota  voluntad de corrección justamente en una cuestión en la que los tres poderes del Estado tienen su parte de responsabilidad. Y debieran asumirla.

Salta, 01 de setiembre de 2023