Provincias y municipios deberán aportar al sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos por automotor, ya sea mediante transferencias, en dinero y/o en especie, a las empresas prestadoras, un monto igual a lo aportado por el Estado Nacional.
Argentina24/07/2023
El Gobierno destinó $18.000 millones en compensaciones a las empresas de autotransporte de pasajeros urbanos y suburbanos del interior del país, para compensar los desequilibrios financieros del sector.
Ese monto se distribuirá en dos cuotas de $9.000 millones cada una, a abonarse en julio y agosto, según la Resolución 423/2023 del Ministerio de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Se trata de la distribución correspondiente al "Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país", creado la Ley N° 27.467 de Presupuesto 2019, y prorrogado por la Ley N° 27.701 para el ejercicio 2023.
Los pagos realizados en el marco de ese Fondo se practicarán en primer lugar por un 97% del total previsto para cada período mensual, a mes vencido, completándose el saldo del 3% restante dentro de un plazo de 30 días corridos contados a partir del cumplimiento total del pago de las acreencias por la liquidación del 97%, según el texto oficial.
Transporte aclaró que las acreencias liquidadas serán transferidas a la jurisdicción provincial y/o municipal beneficiaria, "a fin de que ésta transfiera los fondos en forma directa a las empresas prestadoras de los servicios provinciales y municipales, salvo requerimiento en contrario efectuado por medio fehaciente a la provincia por parte de la jurisdicción municipal".
Por su parte, provincias y municipios deberán aportar al sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos por automotor, ya sea mediante transferencias, en dinero y/o en especie, a las empresas prestadoras, un monto igual a lo aportado por el Estado Nacional.
La Ley N° 27.701 estableció la prórroga del Fondo de Compensación por la suma de $85.000 millones, como piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe.
Con información de Ámbito
En una sentencia firmada por Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda, los jueces del máximo tribunal dejaron firme un fallo que indica que la reclusión perpetua afecta el “derecho a la esperanza” de un condenado. Lorenzetti no acompañó.
El militar fue corrido del cargo por conductas “gravísimas e inadmisibles”, según afirmó el ministro de Defensa. A través de esta medida buscan “garantizar la transparencia, la ética y el respeto a la ley”.
La medida fue dispuesta por el juez Julián Ercolini. El expresidente deberá presentarse el 11 de diciembre. Está acusado de cometer los delitos de lesiones graves y leves doblemente agravadas por el vínculo y amenazas coactivas.
El líder de Los Monos, presentó diez hábeas corpus en los que solicitó el cambio de género para poder tomar contacto con subordinados que se hacían pasar por sus novios y enviar órdenes a su banda.
Se trata de rodados fabricados por la empresa estadounidense General Dynamics Land Systems, que cuentan con tecnología anti-tanques y capacidad de despliegue en diversos terrenos.
El cargo estaba vacante desde mayo de este año, cuando el jefe de la iglesia católica desplazó a Gustavo Mestre, apenas 9 meses después de haberlo designado.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
