A menos de una semana del cierre del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios nacionales, el peronismo salteño busca señales para definir su participación. Es una instancia fundamental, especialmente si se tiene en cuenta que además de la fórmula presidencial se juegan cuatro bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
Opinión08/06/2023
La ley 23.298, orgánica de los partidos políticos, establece que estas agrupaciones de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de dos o más partidos con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos. El reconocimiento, que debe realizarse ante el juez federal con competencia electoral de Salta en el caso de este distrito, es un trámite que vence el próximo miércoles con vistas a la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria del 13 de agosto.
La documentación para realizar es compleja ya que se exige, entre otras disposiciones, la presentación del acuerdo constitutivo de la alianza, incluyendo el financiero; el reglamento electoral, las actas de designación de los apoderados y de integración de la junta electoral de la alianza y el acuerdo del que surja la forma en que se distribuirán los aportes correspondientes al fondo partidario permanente. Todo esto debe ser aprobado por los órganos de dirección de cada partido y debidamente documentado, acompañar el trámite que concluye el 14 de este mes.
Ello justifica la urgencia del Partido Justicialista, que pretende constituirse en la nave insignia de la representación peronista salteña. Para ello está atento al alineamiento que sostenga la conducción nacional, que hasta ahora integra el Frente de Todos. Los recientes comicios provinciales tuvieron al PJ como parte de uno de los frentes que sostuvieron la candidatura a la reelección del gobernador Gustavo Sáenz.
Precisamente son los gobernadores peronistas los que han decidido tomar un rol protagónico en el armado electoral del oficialismo nacional. No es precisamente un papel que obliga al mandatario provincial, que si bien reivindica su origen político en el justicialismo, ha contribuido a crear un partido de distrito durante el éxodo de militantes generado en las pasadas dos décadas. Además, desde las elecciones intermedias de 2021 viene convocando a la constitución de un movimiento provincial, que se haga cargo de las seculares demandas de Salta, por encima de sectarismos políticos.
Sin embargo, hay elementos que van presionando al gobernador para que se involucre en el armado de una representación que vincule lo que llaman el Proyecto con la elección nacional. Pesa la identificación del PJ con el mandatario que anticipa que si un justicialista llega a las bancas en juego, deberá actuar conforme al modelo que gobierna Salta por voluntad de su pueblo, al que los diputados nacionales representan.
También hay un compromiso político personal con uno de los principales protagonistas de este proceso. Se trata del ministro de Economía, Sergio Massa, que viene cosechando adhesiones para ser cabeza de una fórmula única del oficialismo nacional, con el que hay un vínculo reconocido en el país desde que en 2015 lo acompañara como segundo en su intento de llegar a la presidencia.
Es cierto que la situación provincial no es la más propicia para que el Gobernador afloje las riendas de la gestión. La conflictividad instalada en la post pandemia va creciendo y los esfuerzos parecen insuficientes o ineficaces para resolver las confrontaciones. Sin embargo, el ordenamiento de la participación electoral del sector que expresa su conducción tiene peso institucional. No se trata solamente de involucrarse en candidaturas, cuestión que bien van a resolver las PASO, sino de armar propuestas que obliguen a los legisladores que emerjan de las urnas en un trabajo hoy casi inexistente.
Salta, 08 de junio de 2023
Sobre el cierre del período ordinario de sesiones del Congreso, los gobernadores han consolidado su papel de árbitros en la puja entre el oficialismo y la oposición. Su intervención ha logrado que el recinto permanezca cerrado hasta que en sesiones extraordinarias avance el proyecto de presupuesto 2026.
Es una cuestión de estilo la que llevó a que el presidente Javier Milei calificara al último fin de semana largo como el más exitoso de la historia y está a punto de establecer otro similar para el primer feriado de diciembre. Sin embargo, hay sectores que reconocen que pudo haber sido mejor.
Y acá está el punto: una democracia madura no puede darse el lujo de jugar con equilibrios que costaron décadas, vidas y consensos históricos. No se trata de dramatizar, pero tampoco de banalizar decisiones que tocan fibras sensibles de nuestra identidad democrática.
Se cumplió este lunes un trámite esencial para el funcionamiento institucional de la democracia salteña. Senadores y diputados electos en mayo pasado fueron incorporados a sus respectivas cámaras, previo juramento requerido por el presidente de la sesión convocada para ese fin.
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
Neuquén y Santa Cruz se sumarán al convenio al que ya había adherido Chubut para que el crudo convencional no pague derechos de exportación desde 2026.