
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.


A 24 horas de una jornada electoral ejemplar, la ciudadanía registra los trazos gruesos de los resultados. Son los que en definitiva condicionan el tiempo por venir y explican el voto emitido, pronunciamiento que consagró un triunfo indiscutible y una derrota previsible.
Opinión15/05/2023
La aprobación de la gestión de Gustavo Sáenz fue contundente: treinta puntos sobre su inmediato seguidor no permiten discusión y lo que queda para el debate es la legalización de armados electorales, consecuentes con el debilitamiento de la estructura de partidos políticos. El fracaso del intento reeleccionista de la intendenta de la Capital, Bettina Romero, también tiene vinculación con ese dato de la realidad política; el exceso de personalismo supera la natural necesidad de liderazgo y facilita la tentación de fortalecer modos de conducción autocráticos.
También hay otra situación que no debe quedar en el tintero. Se ha naturalizado un alto porcentaje de abstención, que en esta oportunidad se ubicó en unas décimas por encima del 30%. No son tantas las razones que justifican el ausentismo: distancia, enfermedad, pérdida o extravío del documento. La dispensa de la edad no limita la participación si existe la voluntad de votar. Siendo Salta el octavo distrito en número de electores –casi el 4% del padrón nacional-, que el 69.55% haya emitido su sufragio reduce significativamente el peso de esa participación.
Cada elección deja datos relevantes a considerar y uno que no es novedoso pero muestra que, al parecer, no es considerado siquiera por quienes tiene responsabilidad en la cuestión, es la participación como candidatos de ciudadanos imputados en causas penales. La respuesta inmediata es que si son una opción para un sector de la ciudadanía, no se debe limitar el derecho de ese grupo a poder expresar su adhesión. Se trata de una razón de dudosa calidad institucional, especialmente si se tiene en cuenta que en algunos casos están vinculados a hechos de corrupción que están en una zona gris por la lentitud con la que actúa la Justicia. Al respecto hay que señalar que en esta oportunidad no solamente quedaron en el intento sino que lograron su cometido. Es así que tendrán responsabilidad de gobernar municipios, dirigentes que cuando abandonaron esa función tuvieron que comenzar a transitar los pasillos de juzgados, acusados -entre otras razones- de malversación de recursos públicos.
Los resultados provinciales mantienen la hegemonía de la gestión del actual gobernador. No solo logró la reelección sino que mantiene mayoría en ambas cámaras legislativas. De todas maneras, la variada integración de las listas que sostuvieron su candidatura ata la adhesión para el mandato que se iniciará el 10 de diciembre próximo a la voluntad de quien ocupa cada banca.
La citada crisis de los partidos, aun tratándose de instituciones con sus organismos de conducción constituidos y en pleno funcionamiento, relativiza la autoridad de esos conductores. Ello es válido para los partidos tradicionales, con una fuerte base de afiliados; en el caso de aquellos que fueron creados a partir de la década del 90, son estructuras dirigidas por pequeños grupos dirigenciales que operan como negociadores que especialmente se activan en los procesos electorales. En función electiva, sus representantes siguen negociando y no precisamente por los intereses colectivos, acechando a la gobernabilidad.
El mensaje con el que el Gobernador celebró su triunfo dejó señales claras. La preocupación inmediata del mandatario es la crisis económica que debe pilotear en medio de un proceso electoral abierto a nivel nacional. También marcó la necesidad de consensos en el país, expresando la adhesión a la iniciativa del ex senador Esteban Bullrich.
De estos trazos gruesos, surgirán las líneas finas que definirán la política del próximo mandato.
Salta, 15 de mayo de 2023

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.

Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.

Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.

El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.

A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.

Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.

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