La aprobación de la gestión de Gustavo Sáenz fue contundente: treinta puntos sobre su inmediato seguidor no permiten discusión y lo que queda para el debate es la legalización de armados electorales, consecuentes con el debilitamiento de la estructura de partidos políticos. El fracaso del intento reeleccionista de la intendenta de la Capital, Bettina Romero, también tiene vinculación con ese dato de la realidad política; el exceso de personalismo supera la natural necesidad de liderazgo y facilita la tentación de fortalecer modos de conducción autocráticos.
También hay otra situación que no debe quedar en el tintero. Se ha naturalizado un alto porcentaje de abstención, que en esta oportunidad se ubicó en unas décimas por encima del 30%. No son tantas las razones que justifican el ausentismo: distancia, enfermedad, pérdida o extravío del documento. La dispensa de la edad no limita la participación si existe la voluntad de votar. Siendo Salta el octavo distrito en número de electores –casi el 4% del padrón nacional-, que el 69.55% haya emitido su sufragio reduce significativamente el peso de esa participación.
Cada elección deja datos relevantes a considerar y uno que no es novedoso pero muestra que, al parecer, no es considerado siquiera por quienes tiene responsabilidad en la cuestión, es la participación como candidatos de ciudadanos imputados en causas penales. La respuesta inmediata es que si son una opción para un sector de la ciudadanía, no se debe limitar el derecho de ese grupo a poder expresar su adhesión. Se trata de una razón de dudosa calidad institucional, especialmente si se tiene en cuenta que en algunos casos están vinculados a hechos de corrupción que están en una zona gris por la lentitud con la que actúa la Justicia. Al respecto hay que señalar que en esta oportunidad no solamente quedaron en el intento sino que lograron su cometido. Es así que tendrán responsabilidad de gobernar municipios, dirigentes que cuando abandonaron esa función tuvieron que comenzar a transitar los pasillos de juzgados, acusados -entre otras razones- de malversación de recursos públicos.
Los resultados provinciales mantienen la hegemonía de la gestión del actual gobernador. No solo logró la reelección sino que mantiene mayoría en ambas cámaras legislativas. De todas maneras, la variada integración de las listas que sostuvieron su candidatura ata la adhesión para el mandato que se iniciará el 10 de diciembre próximo a la voluntad de quien ocupa cada banca.
La citada crisis de los partidos, aun tratándose de instituciones con sus organismos de conducción constituidos y en pleno funcionamiento, relativiza la autoridad de esos conductores. Ello es válido para los partidos tradicionales, con una fuerte base de afiliados; en el caso de aquellos que fueron creados a partir de la década del 90, son estructuras dirigidas por pequeños grupos dirigenciales que operan como negociadores que especialmente se activan en los procesos electorales. En función electiva, sus representantes siguen negociando y no precisamente por los intereses colectivos, acechando a la gobernabilidad.
El mensaje con el que el Gobernador celebró su triunfo dejó señales claras. La preocupación inmediata del mandatario es la crisis económica que debe pilotear en medio de un proceso electoral abierto a nivel nacional. También marcó la necesidad de consensos en el país, expresando la adhesión a la iniciativa del ex senador Esteban Bullrich.
De estos trazos gruesos, surgirán las líneas finas que definirán la política del próximo mandato.
Salta, 15 de mayo de 2023
