Me gustaría formular algunas preguntas a candidatos y candidatas referidas a su compromiso con los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.  En tanto derechos protegen valores, conocer su posición nos acercará a su escala de valores y, en consecuencia, a sus propuestas en orden a la ampliación de los derechos esenciales para la supervivencia del sistema democrático.

En tiempos de denuncias cruzadas por campañas sucias a través de redes sociales, que hasta provocan la nefasta judicialización de la política, que solo puede llevar a más politización de la justicia, es bueno recordar el origen de estas posiciones que recurren a la justicia buscando la censura a la crítica contra funcionarios públicos.

Por ejemplo, la condena por publicar noticias falsas, es una figura criminal diseñada en el año 1275 para proteger al rey. Este anacronismo continúa en las sociedades más cerradas en el mundo. A fines del siglo XVII en Inglaterra los hombres eran castrados y hasta decapitados, por cometer este tipo de crímenes. Se había creado la  figura de la “difamación sediciosa”, como la idea de que el Estado puede ser asaltado criminalmente a través del discurso[1].

Hasta el siglo XX, con diversos matices, perduró el consenso de que la autoridad sólo podía ser mantenida silenciando lo que llamaban la disensión subversiva; por lo que cualquier amenaza, real o imaginaria, a la buena reputación del gobierno debía ser cercenada por la fuerza. Esta doctrina de intolerancia del disenso pasó a las colonias americanas. Recuerda Noam Chomsky que  no fue sino hasta 1964 que la Corte Suprema de Estados Unidos suprimió la ley de Difamación Sediciosa y, a partir de 1969 protegió la libertad de expresión. 

En nuestro país, si bien la Constitución histórica protegió la libertad de prensa, y la Corte Suprema fue ampliando este concepto jurisprudencialmente; fue la Reforma Constitucional de 1994 que, al incorporar los Tratados de Derechos Humanos y especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, le otorgó el más alto rango de protección a la libertad de expresión y de pensamiento.

La libertad de expresión comprende tanto un derecho individual a manifestarse, y un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, así como el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. El área amparada cubre a informaciones, ideas de toda índole, opiniones, relatos y noticias[2].

Frente a la libertad de expresión, hay dos posturas: defenderla con fuerza aunque sirva a las opiniones más odiosas, o rechazarla prefiriendo los criterios stalinistas / fascistas[3]. ¿Cuál será la posición de nuestros candidatos y candidatas?

Si la libertad de pensamiento y expresión, por cualquier medio tecnológico, forma parte del proceso democrático; si la crítica, por dura que sea, en asuntos de interés público, no debe ser criminalizada; si el derecho de acceso a la información pública es parte del derecho a la libertad de expresión, ¿cuál es la posición de quienes se presentan ante los tribunales pidiendo censura y castigo, tratando de amordazar la libre circulación del pensamiento?

Si bien Salta adhirió a la ley nacional de Acceso a la Información Pública[4], la misma no ha sido implementada por ninguno de los poderes del Estado ¿Qué nos proponen los candidatos y candidatas?¿Qué nos proponen para que todos accedan a información en poder el Estado? Salta Transparente lleva años de litigio intentando acceder al recibo de  sueldo de los miembros de la Corte. El caso ha llegado a la Corte Suprema. ¿No es un poco vergonzoso?

Yo quiero votar por quienes sostengan el derecho a la libertad. Sería muy bueno contar con candidatos y candidatas con coraje y compromiso para luchar por estas libertades básicas, sin las cuales el sistema democrático deja de serlo, para convertirse en autoritarismo. No quiero defensores de posiciones stalinistas/fascistas, quiero defensores de la libertad, ese instinto de la naturaleza humana que podrá ser apaciguado pero nunca eliminado.

Hasta la próxima

 
[1] Ver NOAM CHOMSKY (2007): “Escritos Libertarios. Esperanza en el porvenir. LE MONDE Diplomatique. Ed. Capital Intelectual. Buenos Aires
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva 5/85. Sagües Néstor: Censura judicial previa a la prensa. Posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. LL, 2005-C,1279
[3] Chomsky, Ob. Cit.
[4] Ley Nacional 22275, ley provincial 8173.