El Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para habilitar el tratamiento de un pedido de juicio político al presidente Horacio Rosatti y a los tres miembros del Supremo Tribunal, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Este período se inició el lunes pasado y hasta el momento hubo un solo movimiento, una reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que a duras penas consiguió quórum, confirmando que –en realidad- el interés del oficialismo se centra en una reforma judicial sobre la que no se nota un consenso social, y tampoco tiene el consenso político necesario. 

Y no se trata de un tema ajeno al interés general. Cualquier decisión que impacte sobre el sistema institucional debe importar y mucho más aquello que tiene una expresión concreta en la realidad socioeconómica. Así lo advirtió un grupo de 500 empresarios y profesionales que días pasados envió una carta abierta a la Comisión pidiendo que se desista del intento de ese juicio político.

En un párrafo relevante, señaló que “El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de los argentinos”. Además de considerar que el cuestionamiento a los fallos no es causa prevista en la Constitución Nacional, que es un desatino institucional, este grupo opinó que expone a la Argentina negativamente ante los ojos del mundo y pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en el país.

En Salta también hubo advertencias desde el sector empresario en ese sentido. Lo que parecía una puja de intereses sectoriales por espacios de poder político, es un riesgo que reduce “la posibilidad de demostrarle a los inversionistas que en el país se pueden hacer bien las cosas”, como señaló el dirigente industrialista Juan José Soler, presidente de una de las cerámicas más importantes de la Provincia, quien lamentó “el nuevo clima de inseguridad jurídica” generado por el requerimiento del Ejecutivo en contra de la cabeza del Poder Judicial.

Se necesita prudencia política señaló desde el ámbito académico Omar Carranza, catedrático y abogado constitucionalista. Es la conducta para garantizar seguridad jurídica, un principio que da previsibilidad al capital, que necesita reglas de juego claras, certeras y estables. Si no puede establecer cómo será su recupero, son escasas o inexistentes las posibilidades de invertir. Un país sin seguridad jurídica tiene costos altos y ello incluye a los créditos que las empresas necesitan para desarrollarse.  

En el plano político hay un frente internacional que también ve con preocupación la conflictividad planteada entre dos poderes, por iniciativa del Ejecutivo. Luego que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tomara conocimiento del informe oficial de la Argentina sobre la supuesta pérdida de legitimidad del Poder Judicial, desde ese ámbito, entre otras recomendaciones, se indicó al país que asegure la plena independencia de la Corte, jueces y de los fiscales. 

Es importante que la sociedad atienda estas cuestiones institucionales. Es que, de alguna manera, hacen a su vida cotidiana, de la que cada uno es responsable 

Salta, 26 de enero de 2023