Por ahora es una agenda de reuniones definidas por Javier Milei, que no descarta una reunión previa con los mandatarios provinciales.

La primera de estas reuniones tendrá lugar mañana, cuando el ministro de Economía Luis Caputo reciba a sus pares de todas las provincias para acordar condiciones previas que hagan conducente la convocatoria libertaria. Si bien esa invitación incluye "deponer intereses", como señaló el mandatario en su mensaje a la Asamblea Legislativa del Congreso, se entiende que la firma de un acuerdo demanda por lo menos paridad de condiciones.

Vale recordar que Milei enfatizó en que el objetivo es "dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad, con las diez políticas de Estado que el país necesita", a las que enumeró al hablar ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes. Pero reconoció que antes de firmar el Pacto de Mayo, sus ministros deben lograr un preacuerdo para sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias. Esto último es una condición irrenunciable para los estados subnacionales porque necesitan recuperar recursos que el Ejecutivo nacional les sustrajo y aquellos que dejaron de percibir a raíz del impacto en la masa coparticipable de la reforma del Impuesto a las Ganancias.

En febrero pasado, cuando estaba en marcha en el Congreso el debate en torno de la llamada ley ómnibus, el gobierno retiró de su articulado todas las disposiciones de carácter fiscal.  Al anunciar la decisión, el titular del Palacio de Hacienda dijo que se evaluarían nuevas medidas, que iban a ser consensuadas con gobernadores y legisladores. La ley Bases no avanzó pero el gobierno va a insistir en sus propuestas, asegurándose el propósito de alcanzar el objetivo de déficit cero no corra ningún riesgo.

Lo ocurrido en el primer bimestre del año muestra la necesidad del consenso porque el superávit informado no es preciso, al punto que el propio Fondo Monetario Internacional reconvino a las autoridades  por no sostener la corrección de las cuentas con el apoyo social. Por ahora hubo un fuerte perjuicio a las arcas provinciales, además del incumplir normativa vigente, que el ministro Caputo llamó “decisiones incómodas" .

El impacto negativo fue ponderado por informes especializados que se conocieron en esta primera semana de marzo. Se indica en ellos que las transferencias por coparticipación de impuestos a las provincias se desplomaron un 20% en febrero, porcentaje que equivale a casi 600 mil millones de pesos como consecuencia de la reforma del Impuesto a las Ganancias. Esa baja se suma a la suspensión de las transferencias no automáticas correspondientes especialmente a los giros que se realizaban desde los Fondos Fiduciarios.

Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en el acumulado al primer bimestre del año, las transferencias automáticas por coparticipación alcanzaron los 4 billones y medio de pesos, que equivalen a una caída real de más del 15%. Estos valores implican el menor monto real para el primer bimestre de los últimos 9 años.

Salta se ubica en el grupo de provincias que se ubican por encima del promedio nacional de la caída per cápita. Seguramente el dato será presentado ante el Ministro de Economía para reclamar compensaciones.

Este primer encuentro dará señales concretas sobre el destino de las negociaciones del Pacto de Mayo.

Salta, 05 de marzo de 2024