Los gobernadores y el Ejecutivo nacional van a dar otro retoque a las negociaciones para remover los obstáculos de su relación fiscal. Si ambas partes logran acomodar sus cargas todavía deberá salvarse el debate en el Congreso para llegar al objetivo final, que es el de un acuerdo nacional.

Con plazos al borde del agotamiento, el ministro del Interior Guillermo Francos mantiene su entusiasmo y antes del encuentro apostó a que habrá Pacto de Mayo y ley de Bases, además de mejorar un vínculo muy deteriorado, como resultado de las decisiones del presidente Javier Milei de reducir la remisión de recursos a las provincias. No es la primera rueda de negociaciones; al contrario, desde que en enero se verificó el cambio en la relación fiscal, no hubo día ni canal de comunicación que no se utilice para recomponer los convenios sobre transferencias no automáticas. Sin embargo, los avances no se han concretado si de lo que se trata es de recuperar fondos fiduciarios demonizados por la gestión libertaria.

La primera y única reunión de los gobernadores con el jefe de Estado tuvo lugar en diciembre y para la mayor parte de ellos fue el primer contacto personal con el Presidente de la Nación. Fue un encuentro formal, que aprovechó Milei para exponer los propósitos de su gestión.

Hasta la primera semana de marzo no hubo otra oportunidad para los gobernadores de exponer sus tribulaciones de manera conjunta en la Casa Rosada. Los recibieron dos importantes miembros del gabinete nacional. quienes le ratificaron el intercambio posible: mayores aportes financieros a cambio del apoyo de los legisladores nacionales de cada provincia a la ley que pone en emergencia a la mayoría de las áreas de gobierno y le entrega facultades extraordinarias al titular del Poder Ejecutivo Nacional.

El ministro que lleva adelante las negociaciones aseguró que hubo avances considerables y se encontraron puntos de coincidencia. Es lo que se señaló la semana pasada en Salta, cuando participó de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande. Hasta el momento no se conocen los términos de los intercambios exigidos aunque trascendió, por ejemplo, que Salta podría recuperar algunas obras públicas que quedaron abandonadas por falta de financiamiento. Pero hay muchas otras demandas urgentes cuya satisfacción es negada por el gobierno nacional, como la restitución del Fondo de Incentivo Docente y del subsidio al transporte.

Este panorama, cerrado el primer trimestre del año, se ensombrece aún más si se tiene en cuenta que la menor actividad económica ha llevado a una caída nominal de las transferencias por coparticipación que se estima en más del 180%. Los especialistas calculan que, en marzo, las transferencias totales automáticas a provincias y CABA habrían caído un 28% real interanual, con lo que en el primer trimestre la caída interanual habría sido de 19%.

Estos porcentajes toman cuerpo cuando se traduce en hechos concretos, como la escasa capacidad de maniobra que ha quedado en manos del gobierno provincial; el gobernador Gustavo solía mostrar como gestión el apoyo en obras y programas especiales que obtenía del gobierno central y ese capital se escurrió.  

Luego de esta instancia negociadora, la pelota quedará en la cancha del Parlamento. Por distintas razones, todos deberán entender la importancia de una ley que determinará el destino del país.

Salta, 04 de abril de 2024