Plan
El pedido de prórroga de la emergencia socio sanitaria en el norte de la Provincia arrojó una evaluación negativa de la gestión en materia de salud del gobierno de Gustavo Sáenz. Tanto desde el oficialismo como de la oposición se escucharon voces críticas en la última sesión de la Cámara de Diputados, aunque pocos fueron los que le restaron apoyo para no desatender a la población.
La mayor coincidencia fue en reclamar una política para superar una emergencia que ya lleva casi tres años desde su declaración. No hubo mayores fundamentos para su mantenimiento, excepto que se mantienen los déficits, las carencias y la necesidad de tener expedito el camino para la resolución de problemas sin quedar entrampados en exigencias de la burocracia. Aún a los adherentes más fervorosos que tiene el mandatario provincial les costó eludir el reconocimiento de demandas razonables de los pobladores de los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán y debieron enfocarse en pretextos para salvar su figura.
Es así que se repasó la historia de la centenaria postergación de la franja territorial comprometida, pero se quitó mayores responsabilidades a la gestión de un gobierno que por delante tiene un año pero cuyo líder sostiene el firme propósito de lograr la reelección. Hasta se vinculó a las críticas con el clima de un proceso electoral en marcha y que por eso sonaron tan fuerte los reclamos.
Como viene sucediendo, la prórroga que obtuvo la media sanción es por seis meses pero si la emergencia no afloja, podrá disponerla por decreto para el semestre siguiente el propio Gobernador. Nada dice la decisión legislativa respecto de lo que fue un pedido coincidente: un plan de salud.
Por ese andarivel transitaron quienes cuestionaron la prórroga. Se entendió que en la situación actual –con parámetros altamente negativos- el mantenimiento de la emergencia era necesaria pero merecía encararse con un plan de acción, aunque sea para los próximos seis meses. Los legisladores del norte incluso reclamaron un plan de salud intercultural. La interculturalidad está legislada pero no reglamentada y ello la convierte en letra muerta.
Ese punto entró al debate y desembocó en la necesaria referencia el Segundo Informe de situación de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de Comunidades Indígenas del Chaco Salteño, que la Defensoría de los Derechos de ese sector presentara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto pasado. En él se hace referencia a la declaración de la emergencia sociosanitaria en enero de 2020, sus sucesivas prórrogas y los escasos resultados obtenidos hasta los primeros ocho meses de 2022. En ese lapso, asegura este informe que los niños de los tres departamentos involucrados continuaron falleciendo por causas evitables y que existen evidentes obstáculos para el acceso a derechos elementales, tales como el agua, a la salud, la alimentación, la identidad, la información y la participación y especial protección de derechos de los que ellos son titulares.
Si bien el pronunciamiento de la Defensoría reconoce una problemática estructural y multidimensional, destaca la ineficiente gestión provincial al respecto. Apunta a la carencia de un plan de atención integral y denuncia que lo realizado denota la ausencia de instancias ordenadoras de las intervenciones, de seguimiento y evaluación, se traduce en intervenciones fragmentarias y plantea el riesgo de constituirse en políticas que no tienen un real impacto en la calidad de vida de las comunidades.
El pronunciamiento de los diputados, que recogen los datos en el territorio, fue coincidente con el análisis técnico de la Defensoría que ejerce Marisa Graham pero con el plus de un compromiso político al que no desmerecen los escasos resultados que se han obtenido. Hay desidia, se dijo. Hay un gabinete que no está a la altura del Gobernador, se opinó.
Seguro que a la brevedad el Senado sancionará la ley disponiendo la prórroga y, tal vez, de hecho se comience a trabajar en un plan integral.
Salta, 26 de octubre de 2022.
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