Opinión Jorge Folloni 11/10/2022

Mapuches y populismo

El conflicto mapuche, sigue cobrándose víctimas, pero en este caso una, que dista mucho de ser inocente, que es la renunciante Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en desacuerdo con que su Gobierno haya procedido a desalojar a los mapuches, de tierras que usurpaban en la localidad de Mascardi en la provincia de Río Negro.

Como no iba a estar disconforme, si era nada más y nada menos que la abogada defensora del líder del grupo mapuche Jones Huala, condenado en Chile por actos de terrorismo y además, perteneciente al sector populista y sectario, que sustenta el criterio de que todas las tierras de nuestro país, pertenecen en realidad a los pueblos originarios.

Vale decir, que nuestro sistema constitucional, nuestras leyes y nuestros registros de la propiedad, serian absolutamente nulos, ya que según ese criterio, todos nosotros y tal vez no lo han advertido, también, ellos mismos, seriamos ocupantes ilegítimos y, si llevamos al extremo ese absurdo razonamiento, nuestros inmuebles, pertenecerían a quien mañana, se nos  aparezca, alegando ser descendiente de un pueblo originario. 

Pero, aún si se admitiera ese aberrante criterio,  resultaría inaplicable al  caso de los mapuches, por la sencilla razón de que no se trata de un pueblo originario de nuestro país, sino de Chile.

En la zona sur del vecino país, denominada Araucaria, habitaba este núcleo conocido como araucanos mapuches y que recien alrededor del año 1830, es decir, luego de  transcurridos dieciseis años de nuestra independencia,  incursionan en la Argentina.

Esto surge de modo indubitable, de una carta que el cacique de esa tribu Cafulcurá, le dirigió al general Mitre, en la cual le dice textualmente, ”estaba en Chile y soy chileno y ahora hace como treinta años que estoy en estas tierras”. 

Esta carta, fechada en el año 1867, se conserva en el Museo Mitre y es la prueba más cabal de que en el año 1830, fue que ingresaron a nuestro país, con el propósito de asentarse en él.

Antes, sólo habían efectuado esporádicas incursiones  luego de atravesar la cordillera, para depredar propiedades, robar ganado y secuestrar cautivas,  volviendo a sus tolderías en el vecino país.

Ya radicados hacía cuatro años en nuestro territorio, el 8 de septiembre de 1834, Calfucurá convocó a todos los caciques tehuelches que eran alrededor de mil, y constituían ellos sí, el pueblo originario de esa zona, a una reunión, a realizarse en la localidad de Masallé, ubicada cerca de la laguna Epecuén, y, después de invitarlos a comer y embriagarlos, los hizo asesinar, lo que le permitió someter de inmediato a esa tribu,  instalando sus tolderías en las Salinas Grandes, en el límite actual entre Buenos Aires y La Pampa, donde podía proveerse de sal para la carne y los cueros, y  asegurarse el camino hacia Chile, a fin de transportar el ganado robado. 

A ese asentamiento, lo denominó Chilihué que en su lengua, significa pequeño Chile.

Se sucedieron las tropelías de Calfucurá, como cuando al mando de seis mil lanceros, devastó totalmente los pueblos  de Veinticinco de Mayo, Alvear y Nueve de Julio.

Al morir en 1873, lo sucedió Manuel Namuncurá quien en 1875, con mapuches, ranqueles y dos mil indígenas chilenos, encabezó la llamada invasión grande, que arrasó las poblaciones de Tandil, Azul, Tapalqué, Tres Arroyos y Alvear, asesinando a centenares de habitantes, robando ganado y llevándose a numerosas cautivas, lo que  constituyó un verdadero genocidio.

La denominada Conquista del Desierto, encabezada en 1879 por el general Julio Argentino Roca, por orden del presidente Nicolás Avellaneda y autorización del Congreso Nacional, puso fin a esta terrible situación y recuperó para nuestro país, la mitad de la Patagonia ocupada hasta entonces por los invasores chilenos y sus aliados y puso fin a rituales tan brutales, como ocurria cuando al morir un cacique, eran asesinadas sus mujeres nativas y sus cautivas y enterradas junto a su cadáver.

De proseguir los gobiernos populistas, que con su prédica y su inacción cómplice, estimulan a estos delincuentes usurpadores, seguirá cundiendo este ejemplo, tal como ya ocurrió en nuestros Valles Calchaquíes, donde para preservar su vida, una familia salteña debió abandonar su producción vitivinícola en beneficio de supuestos descendientes de un pueblo originario, o en Santa Victoria Este, donde la familia Moreno, moradores desde 1902 y con título de propiedad, ve sus sembradíos permanentemente incendiados a fin de obligarlos a abandonar su campo.

Lejos de tratarse de una justiciera epopeya de reivindicación racial, tras estos hechos delictivos, se esconde un conocido sector político, ansioso de obtener otro jugoso lucro inmobiliario.

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