La alianza Frente de Todos busca poner manos en la integración y funcionamiento de la Justicia desde que comenzó su gestión en el Poder Ejecutivo, ahora con mayoría ajustada en ambas Cámaras. Sus esfuerzos no fueron conducentes ni cuando intentó reformar la Procuración General ni cuando su objetivo fue el Consejo de la Magistratura. La relación con el máximo tribunal no fue fluida y los fallos no sirvieron a los fines del oficialismo ni a los intereses de la principal referente de ese sector político, la vicepresidenta Cristina Fernández, que enfrenta múltiples causas por corrupción.

El avance más significativo está a punto de concretarse en el Senado, donde se analizan cinco proyectos de ley que proponen modificar la integración y el funcionamiento de la Corte Suprema. El propósito tiene avales y genera oposición por partes iguales de especialistas e instituciones vinculadas al Derecho. Su opinión fue recabada en el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales del Senado que se inició la semana pasada y continuó este miércoles con la participación de siete de los 16 gobernadores que formalizaron su apoyo a la ampliación de la Corte, en la misma línea sostenida por el presidente Alberto Fernández.  Fue precisamente ese proyecto, cuya presentación fue formalizada por dos senadores oficialistas, el que ya logró dictamen favorable y sería debatido en el recinto el 14 de julio próximo.  

De lo que se trata es de modificar el artículo 21 del Decreto Ley Nº 1285, sancionado en febrero de 1958, por el entonces presidente Pedro Eugenio Aramburu. Determina que la Corte Suprema de Justicia estará compuesta por cinco jueces y un procurador general. Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el reglamento para la Justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y tribunales inferiores. Su texto fue modificado en 1960, elevando a siete el número de jueces; en 1966, cuando se reduce a 5; en 1990 cuando se incrementa ese número nuevamente y se fija en 9 y, finalmente, en 2006 cuando vuelve al número original de 5 jueces. Esta vez la apuesta se redobla y el proyecto de la llamada Liga de Gobernadores, de la que forma parte el de Salta, pretende integrar una Corte de 25 miembros. Varias son las razones que sustentan esta propuesta. 

Con cinco miembros establecidos, de los cuales solo cuatro funcionan, el tribunal argentino es el más pequeño de todo el planeta Tierra, según las expresiones del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Esta integración genera problemas de funcionamiento por cuanto le llegan hasta 35 mil causas por año que deben resolver esos cuatro jueces, cuando la Corte estadounidense –que es el modelo al que generalmente se remiten- tiene 8 jueces y un noveno que ejerce la presidencia y resuelve 200 causas como máximo por año. 

El federalismo es otra arista que sostiene la posición de los gobernadores. La Corte fue centralista desde su origen y solo las provincias grandes llegaron a integrarla. En 159 años desde su creación, un 60% de sus miembros fueron graduados de la UBA, 57% procedente de la provincia de Buenos Aires, 1% de la Ciudad Autónoma de Bs. As, 10% de Córdoba y 5% de Santa Fe.  “Si uno observa quiénes no han tenido participación en el máximo tribunal son 11 las provincias que nunca tuvieron un juez en él”, cuestionó el gobernador del Chaco Jorge Capitanich. 

En toda su historia, solo tres mujeres integraron la Corte. La cuestión de género resulta así otra falencia.

De todas maneras, a esta institución –al igual que a muchas otras de la democracia- le falta recuperar la confianza de la sociedad. Si no lo logra, cualquier cambio solo será maquillaje para una puesta en escena.

Salta, 30 de junio de 2022