Intereses
Uno de los últimos anuncios da cuenta que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La información oficial consigna que su objetivo es la consolidación del derecho constitucional de propiedad, el establecimiento de nuevas reglas para expropiaciones y desalojos y la modificación de regímenes vinculados a tierras rurales y ocupaciones irregulares.
Se trata de una cuestión que fue planteada como sustancial por el gobierno libertario y sobre ella fue tomando medidas parciales mientras delineaba una iniciativa que le permita alcanzar uno de los propósitos contenido en el Pacto de Mayo acordado con distintos gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz, de Salta. Es así que una de sus primeras decisiones, para allanar el camino a de esta ley de propiedad privada, fue la derogación de Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria.
Fue sancionada en 2006, con los objetivos de suspender las acciones judiciales, administrativas o procesales que busquen desalojar a las comunidades indígenas y realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Los incumplimientos de esta norma fundamentaron sucesivas prórrogas en 2009, 2013, 2017 y en el 202, hasta su derogación el 10 de diciembre de 2.024. Sin ese paraguas y con un débil gestión provincial para la defensa del territorio de comunidades originarias, se mantienen situación de conflictos, como las que en el inicio de este año llevó a la detención de activistas de Misión Chaqueña, que rechazan los títulos que exhibe un privado sobre lo que consideran un patrimonio ancestral del pueblo wichí.
El proyecto en curso tiene una cobertura muy amplia, que va a profundizar los problemas que genera la irregular situación de extensos territorios que en el país reconocen propiedad fiscal o muestran títulos imperfectos que sostienen la ocupación de sucesivas generaciones sobre tierras productivas. La iniciativa apunta a facilitar la expropiación, redefiniendo hacia abajo el cálculo de indemnizaciones; fija en menos de 60 días toda ocupación temporánea anormal y agiliza los procedimientos para facilitar los desalojos. Otro aspecto relevante es la derogación de artículos de la ley que fija límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, flexibilizando condiciones para inversiones privadas.
Todas son cuestiones que por ineficacia de las normas vigentes, la ineficiencia de gestiones públicas o la desidia en la aplicación de sus mandatos han llevado a que haya mucha inquietud en amplias franjas del territorio nacional, donde se asientan comunidades que viven de pequeñas explotaciones rurales familiares y de subsistencia. Sin embargo, no han accedido a los correspondientes títulos de propiedad.
En Salta, en diciembre pasado ha caducado la última prórroga de la ley provincial que suspende los desalojos a pequeños productores y familias rurales y que fuera sancionada en 2010. El Senado dio media sanción a otra prórroga pero Diputados cerró el período ordinario de sesiones sin tratarla.
Si se atiende a que el interés económico es superior en la mayor parte de las propuestas legislativas nacionales, queda reservada al gobierno provincial la defensa de las particularidades culturales de la población salteña. La misma consigna debe guiar la acción de los legisladores nacionales que representan sus intereses y votar en consecuencia.
Salta, 13 de diciembre de 2026