Opinión20/04/2022

Relato

Un extenso informe sobre su área ofreció a los diputados el ministro de Infraestructura. Sergio Camacho no ahorró detalles sobre inversiones y el plan de obras públicas para los distintos departamentos que trata de llevar adelante el gobierno de Gustavo Sáenz pero en muchos momentos tuvo que aclarar que la ejecución tiene una fuerte dependencia con la habilitación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional que, sabido es, no tiene presupuesto.

Ello lleva a que -más allá del crecimiento de la partida para obra pública prevista para 2022 por la Provincia- haya más anuncios que realizaciones.

El plato fuerte del encuentro con este miembro del Gabinete se esperaba que fuera el Plan Mi Lote pero solo dio precisiones sobre las razones de su atraso y apostó a una segunda etapa para alcanzar el objetivo de llegar a las 10.000 regularizaciones y entregas de lotes a través de terrenos provinciales ubicados en las diferentes localidades. Además, no abandona la expectativa de conseguir lotes sustrayendo tierras a la Estación Experimental del INTA, mediante expropiación o adquisición dado que esa superficie, destinada a tareas de extensión, está quedando dentro de un área de fuerte desarrollo urbano. Dejó un anuncio: el plan aportará a la burocracia con la creación de una Unidad de Ejecución a cuyo cargo estará una ex senadora.

Pero muchas otras fueron las demandas de información expuestas por los legisladores; cada uno quería saber cuándo comenzarán obras de distintos tipos que están pendientes de inicio. Las viales y las hídricas generaron las mayores consultas y fueron los diputados de la oposición del norte los que pusieron la nota respecto de la necesidad de concretarlas para solucionar el problema de provisión de agua, que tiene ribetes casi dramáticos.

Una buena síntesis de lo que está ocurriendo en materia de infraestructura en la Provincia puede encontrarse en el tratamiento de la situación de la Puna, escenario del proceso de crecimiento productivo más intenso y acelerado de este siglo. Para un lugar que padece problemas seculares de vinculación, de atraso económico y postergación social, la explotación del litio y el desarrollo de proyectos de explotación de oro y cobre exigen un tratamiento particular para evitar que se repita la pérdida de recursos naturales no renovables sin impacto en una realidad que es difícil.

Es inminente que por esa zona comiencen a transitar unos 250 camiones por día llevándose el producido de inversiones multimillonarias, advirtió el propio Ministro. Por ello es que la diputada de Los Andes, Azucena Salva, pidió un plan provincial de infraestructura para el desarrollo en ese departamento, respecto de agua, cloacas, viviendas, energía, conectividad, educación, salud y rutas. El crecimiento exponencial de la actividad minera impone determinar de qué manera la Provincia acompañará el crecimiento productivo.

Si bien no es un proceso inesperado ya que siempre esa región vivió esperanzada en el derrame de los beneficios de la minería, lamentablemente no hay una infraestructura que contenga el actual  crecimiento. Solo para repasar los últimos intentos de dotar de esas obras a esa área, la legisladora hizo notar que en el presupuesto de 2020 se incluyeron 30 millones de pesos para la realización de proyectos viales; exactamente la misma cifra volvió a incorporarse en 2021 y hasta la fecha, transcurrido casi un cuatrimestre de un nuevo ejercicio fiscal, no se ha realizado nada. A lo sumo, se colocaron carteles de obras que no se hicieron o que no se ven, según advirtió.

Hubo explicaciones, se renovaron compromisos pero especialmente se puso transparencia a un sector del gobierno que funciona a base de proyectos e ingentes recursos. Luego de este informe no habrá lugar para relatos. 

Salta, 20 de abril de 2022

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