Conveniencia
El entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional está dividiendo aguas, especialmente en el oficialismo. En la Provincia, la situación no es diferente ya que las voces desde el Frente de Todos no son armónicas y algunas marcan una clara diferencia con lo que sostiene el Ejecutivo salteño, que llevó diputados al Congreso con esa alianza.
Los capítulos de la negociación de la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI se están escribiendo con mayor intensidad a medida que el fantasma del default se va corporizando. El viernes 28 de enero se anunció un acuerdo que los especialistas se encargaron de destacar que era una carta de entendimiento, un documento menor. Como sea, sirve para expresar la voluntad del país de resolver la cuestión aun con resistencias a limitaciones que impacten en el incipiente crecimiento pos pandemia. Sin embargo, todavía no logró alcanzar suficiente acompañamiento político, que será imprescindible en su paso por ambas Cámaras nacionales.
Es una cuestión que debe atenderse porque los legisladores representan los intereses de la Provincia, más allá si pertenecen al oficialismo o a la oposición. Hay cuestiones en los que las diferencias deben arreglarse en función de su impacto, no sobre el gobierno provincial, sino sobre todos los sectores de la sociedad sin que ello signifique vulnerar principios o doctrinas.
Las opiniones que se generaron en torno del entendimiento demostraron en principio la aceptación respecto de la predisposición a arreglar lo que el Presidente de la Nación calificó de Espada de Damocles. Uno de los primeros gobernadores en expresar su apoyo fue precisamente el de Salta. Gustavo Sáenz celebró el entendimiento al que consideró “fruto del diálogo constructivo” y porque “brinda previsibilidad y certidumbre”.
Obviamente en la misma línea se ubicó el ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur, quien también tuvo a su cargo un proceso de negociación de deuda con acreedores externos. Sí abogó para que en la definición de condiciones puntuales sean de cumplimiento posible, a partir de no dificultar las posibilidades de crecimiento.
Por su parte, el diputado nacional Emiliano Estrada –que encabezó la lista que apoyó el gobernador Sáenz- reconoció que fue una negociación difícil de la que la Argentina no logró que los vencimientos se corran diez años. Dijo que lo que verdaderamente se debatía era el default, al que se refirió como el peor escenario para el país. Desde su banca, por ahora hay un voto positivo.
No es el caso de otra legisladora nacional salteña. La senadora nacional, Nora Giménez, planteó disidencias con el origen de la deuda con el FMI contraída durante el gobierno de Cambiemos y puso condicionamientos para aceptar acuerdos en la negociación. Cualquier arreglo deberá ajustarse a la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que fuera aprobada en 2021 y “es un no al pago de la deuda a cualquier precio, la que deberá resolverse dentro de un marco de crecimiento”.
No hay dudas que hasta tanto el entendimiento no llegue al Congreso y se plantee el debate, no se rasgará el velo que todavía cubre un proceso que es imprescindible cerrar de la manera posible. El voto salteño debe reflejar la conveniencia respecto de los intereses nacionales y provinciales, más allá de cualquier gobierno.
Salta, 01 de febrero de 2022
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