El peso de una crisis que se profundiza se está tornando insoportable para varios sectores sociales y económicos y eso es lo que se expresa en reclamos bajo diversas modalidades y en ese marco se preparan presupuestos fiscales que deben, especialmente, ganar credibilidad.

Como dos realidades paralelas se muestran los esfuerzos ciudadanos por transitar un período muy duro, producto de desacertadas políticas fiscales y monetarias desde varias décadas y de las dispuestas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y precisamente se trabaja intensamente en la adopción de medidas para la gestión de 2021, tanto a nivel nacional como provincial. Y ese es un punto que demanda una atención tan precisa como la que se tiene puesta en la emergencia sanitaria.

El propósito es tener un marco ordenado de políticas públicas para manejar la pospandemia y la principal herramienta son sendos presupuestos para la Nación y la Provincia. Un Estado con cuentas ordenadas es, sin dudas, un punto de partida virtuoso pero la experiencia demuestra que es la tarea más difícil en la que ningún presidente o gobernador -de 1983 a la fecha, por lo menos- ha podido recoger algún éxito.

El proyecto del Ejecutivo central ya ha ingresado al Congreso y el de Salta será girado en octubre a la Legislatura Provincial. Los datos disponibles anticipan que el déficit fiscal será una consecuencia ineludible de las políticas a desarrollar; esto es, habrá menos cuidado sobre el gasto y se dará preponderancia a decisiones de promoción de la actividad económica pública y privada.

La primera mirada se ha depositado en el esquema nacional ante la creciente dependencia de los presupuestos provinciales por la caída de la recaudación -que es un dato de la realidad de todos los distritos- y por severas dificultades que los gobiernos locales no logran resolver. Es así que el equipo provincial ha trabajado con funcionarios nacionales en la definición de medio centenar de obras públicas que deberá financiar la Nación para sostener el crecimiento de Salta. Rutas y obras de energía son fundamentales para crear una infraestructura de desarrollo.

No suele ser una práctica de los legisladores nacionales por Salta ni del Ejecutivo local trabajar en línea para obtener beneficios. Los gobernadores habitualmente prefieren negociar directamente el apoyo provincial y diputados y senadores se cobijan en las roscas políticas que arrojan interesantes dividendos electorales. La gravedad de la crisis actual no hace aconsejable insistir en ese juego.

Al menos debe asegurarse minimizar el poder discrecional que se entrega al Gobierno Nacional a través del presupuesto y reducir el margen de error en los cálculos contenidos en el esquema de gastos e ingresos. Desde la oposición ya se conocen cuestionamientos, sostenidos por las apreciaciones de los especialistas sobre la inconsistencia de los objetivos macroeconómicos. En ningún nivel de gobierno hay un espacio de comodidad para diseñar un plan de gobierno independiente del desastre que está provocando la pandemia.

Es un momento crucial porque la ciudadanía ya ha comenzado a dar muestras de intolerancia a las medidas que se van adoptando en el marco de la obligada cuarentena. Y no es una actitud caprichosa.  No convence ya que las restricciones pasen por la opción entre salud y economía. La vida exige de ambas. 

Salta, 21 de septiembre de 2020