De acuerdo a los últimos informes del INDEC, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice de pobreza alcanzaba el 17% en el primer semestre del 2023, mientras que en todo el norte argentino la cifra se ubicaba en torno al 40%. El próximo 27 de marzo se revelarán las actualizaciones del índice y se avecinan cifras aún más dramáticas.

¿Cómo podría ser de otra manera? Quizás una de las muestras más contundentes e indignantes la dio ayer el propio gobernador Gustavo Sáenz, cuando mostró a través de un video la escandalosa diferencia entre el módico precio de la electricidad que se paga en un coqueto barrio de la CABA y el exorbitante monto que empezó a llegar con las boletas de los salteños. Decir que es una injusticia es poco. Es cuanto menos una afrenta. Consumos similares, valores escandalosamente diferentes: 21 mil pesos en la factura bimestral de un domicilio porteño y 187 mil mensuales para una vivienda salteña.

Ni hablar de la masa de subsidios nacionales al transporte público, que divide 8 partes para el Área Metropolitana de Buenos Aires y tan solo 2 para distribuir entre el resto de las provincias del país.

Detrás de los fríos números hay millones de familias angustiadas, trabajando sin ganar lo necesario, comiendo mal o poco, salteándose remedios y tratamientos, sufriendo la escalada de inseguridad que siempre se agudiza con las crisis. ¿A esas familias el Gobierno Nacional les dice que esperen, que sigan haciendo un sacrificio, que estamos a punto de despegar? 

Desde luego que no es el actual gobierno el responsable único de una situación macroeconómica inestable heredada ni de las asimetrías históricas que subsumieron al interior de la Argentina. Pero tampoco podemos obviar que el camino emprendido por la gestión anarcocapitalista, lejos de empezar a cerrar la grieta y de sortear la crisis, está agudizando el conflicto social, la pobreza, el desempleo y el desplome de la calidad de vida en el país que produce alimentos, manufacturas e insumos para más de 600 millones de personas en todo el mundo.

El gobernador salteño no está solo, lo que reclama para el interior es lo que reclama toda la gente de a pie. Es la representación de lo que sienten y pretenden la mayoría de los habitantes de Salta y de todo el Norte Grande.

En esa línea, es valiosa la reacción unánime de los 23 gobernadores y vicegobernadores de la Argentina que suscribimos un documento de acción conjunta frente al avance del narcotráfico y la violencia mafiosa que se desató en Rosario durante los últimos días.

De la misma manera debemos encontrar la unidad para exigirle al Gobierno Nacional mayor racionalidad y consenso, pues esto trasciende cualquier bandería partidaria. Cuando uno ocupa una responsabilidad pública debe ejercer la función para el conjunto de la ciudadanía y no para las tribunas que vitorean como si se tratara de fútbol o peor, porque algunos ni siquiera lo entienden como un partido, sino como una guerra. 
  
No vamos a encontrar soluciones y caminos sostenibles para superar la crisis si no establecemos el diálogo sin amedrentamientos entre el Gobierno Nacional y las provincias. Necesitamos avanzar hacia consensos amplios que puedan luego consolidarse en el Congreso, pero con un debate sin condicionamientos ni libros cerrados.

El Ejecutivo Nacional debería saber que todos estamos dispuestos a poner lo que haya que poner para ordenar la economía, para modernizar al Estado, para sentar las bases del progreso. Ese país es posible y sostenible, pero solo con los argentinos adentro.

Así lo entendemos los vicegobernadores del NOA y del NEA que en este momento estamos reunidos en Santiago del Estero preparando el próximo plenario del Parlamento del Norte Grande. Juntos, por una Argentina más federal.