Hasta 2023, cuando se produce el cambio de gobierno, los mandatarios exponían la necesidad de equiparar la gran asimetría que existía en la distribución de ese subsidio, que se repartía un 82 por ciento al AMBA y el 18 por ciento restante debía compartirse entre todas las provincias. “Nos quitaron el subsidio por completo pero lo extraño y lo injusto es que al AMBA no se le han quitado y se lo han incrementado”, denunció el gobernador salteño y calificó tal actitud del gobierno de la Libertad Avanza como “otra injusticia en este país federal".

Entre otras demandas, desde el momento en que se observó que no se habían remitido los fondos del subsidio al transporte en enero último, Sáenz tomó esa decisión como una bandera. Y fue fortaleciendo el reclamo desde la formalización de la suspensión del Fondo Compensador del Interior, fuente de los recursos para subsidiar al sector.

Cabe recordar que en buena parte del mundo los subsidios son políticas que los gobiernos de distinto signo político suelen desarrollar; es que permiten reducir los costos o complementan los ingresos de los consumidores y productores, según la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el caso de los subsidios al transporte suelen tener dos objetivos principales: fomentar el acceso a ese servicio por parte de segmentos específicos de la población pero también impulsar el desarrollo de las empresas dedicadas a su prestación.

Cuando el gobierno de Javier Milei eliminó el Fondo Compensador, que subsidiaba el valor del boleto del transporte público de pasajeros en localidades del interior del país, se apoyó en el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y el presidente Mauricio Macri  firmaron en 2017, comprometiéndose a la eliminación progresiva de esos beneficios. La larga historia en la materia justifica que errores de gestión colocaron la situación en este punto, demonizando una política que es virtuosa en otros países.

El régimen de compensaciones para el transporte del interior comenzó en 2007; previo a esa fecha el Estado nacional solía otorgar ayudas a las provincias a través de convenios especiales. La gestión kirchnerista le dio más cuerpo a lo que hasta allí era un recurso que caía en el plano de la discrecionalidad. Y fue así hasta que en 2019, ya en las postrimerías de la gestión de Cambiemos  se modificó el sistema y se acordó que las provincias debían aportar, al menos, el 50% del valor de los subsidios recibidos en el año anterior, liberando al gobierno nacional del peso del aporte. En 2015, en el final del Gobierno de Fernández de Kirchner, el Estado transfería a las empresas metropolitanas  el 72,1% de los costos necesarios para el mantenimiento del servicio. En 2019, los subsidios se redujeron al 60% del total, y durante la última gestión del Frente de Todos se llegó a una cobertura del 85,4%.  Además, el presidente Alberto Fernández dispuso 3 años de tarifas congeladas para el transporte metropolitano mientras las demás jurisdicciones seguían aumentando las tarifas. Esa asimetría era la que desvelaba a los gobernadores.

Y sigue preocupando, ahora con más razones. De allí que el gobernador Sáenz repita que hay argentinos de primera y argentinos de segunda, argentinos con subsidios y privilegios, y argentinos llenos de necesidades y asimetrías. Y en su última intervención se preguntó si hay alguien que lo explique. Pidió que alguien responda.

La respuesta la tienen todos los gobiernos, especialmente los que se sucedieron en los últimos 20 años y en todos los niveles. Unos por imponer y otros por ceder. 

Salta, 10 de marzo de 2024