Aunque hay quienes cargan las tintas en la economía, los reales efectos se expresarán en un dramático dato de la realidad: la pobreza. Y la solución de fondo no pasará por la preservación del capital de trabajo y el empleo, que es una estación intermedia, sino por la educación. En ello coinciden todas las corrientes de pensamiento y trabajan los centros de estudio y análisis del mundo.

La Argentina –y Salta especialmente- es una de las regiones en los que la pobreza hará estragos, porque afectará a la infancia. Así lo ha confirmado UNICEF, que hace una semana ha presentado el estudio "Efectos del COVID-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina".

Jorge Paz, quien conduce el Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico de la Universidad Nacional local, destacó el peor guarismo de ese análisis y le puso lo suyo. Dijo que la pobreza infantil en la pospandemia llegaría al 58%, mientras en Salta alcanzaría al 64%. La diferencia obedece a las particularidades provinciales, que este especialista señaló son desde culturales hasta geográficas.

No es la primera crisis que arrastra a la infancia a un fondo donde no hay oportunidades ni proyectos que no sea solo la sobrevivencia; las hubo peores en este país. La estimación realizada por UNICEF se apoya en el cálculo de una caída de casi 6 puntos del PBI en 2020. Hasta el momento no hay datos que permitan determinar la duración real de la crisis del coronavirus pero a fin de año, seguro habrá casi un millón de niños más en condiciones de pobreza e indigencia.

Que se repitan recurrentemente las crisis en el país, por el bajo desempeño de su economía, solo sirve para aportar datos históricos y mostrar experiencias para morigerar su impacto, corrigiendo errores. En ese orden, se destaca la operatividad de un sistema de protección social mucho más desarrollado por la acumulación de intentos de concurrir a amortiguar las caídas.

UNICEF ha destacado la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Es un piso de ingresos con el que se cuenta con certeza y tiene un diseño interesante porque fue concebido como una herramienta de control de la asistencia sanitaria y educativa, que se torna exigible como contraprestación al aporte estatal. Actualmente, 4 millones de niños y adolescentes reciben esta ayuda.

Sin dudas, no se trata solamente de asegurar techo y comida a las familias. La vivienda debe evitar el hacinamiento y contar con servicios básicos, como agua potable y saneamiento; la alimentación debe ser saludable, desde el arranque de la vida misma. Pero un niño también necesita educación y salud que le asegure igualdad de oportunidades en la edad adulta. 

Todo indica que la pobreza que anticipa la pospandemia es la negación de esos derechos mínimos. Mucho más grave que una cuestión económica. 

Salta, 27 de mayo de 2020