Límites
Las provincias fueron protagonistas excluyentes de la última sesión de Diputados de la Nación, que le dio media sanción a la ley de refinanciación de la deuda externa y aprobó la que deja en suspenso el Consenso Fiscal de 2017 y su adenda de 2018. Además, se aprobó una resolución que dispone el funcionamiento de una mesa para tratar la deuda de las provincias con la Nación.
Nada de lo aprobado en referencia a estas cuestiones va a resolver de fondo los problemas de una de las relaciones más complejas del sistema institucional argentino, que es la que se enraíza en el federalismo fiscal. El incumplimiento de la manda constitucional de 1994, que ordenaba que hasta 1996 debía estar sancionada una nueva ley de coparticipación, tiene mucho que ver con cuestiones que permanentemente complican la relación Nación-Provincias y, especialmente, sostienen la inequidad entre regiones dentro del país.
Mientras la ley para dar sostenibilidad a la deuda externa argentina se aprobó casi por unanimidad, la del Consenso Fiscal y la resolución para “reperfilar” las deudas provinciales estuvieron lejos de esa expresión casi de unanimidad. Se puede asegurar que el acuerdo entre el oficialismo y la principal oposición es el que dominó el resultado de las votaciones en el Parlamento, que hundieron las pretensiones de otras expresiones políticas que fueron excluidas de todo tipo de consideración.
No solo no fue atendida la demanda de dar participación a esa franja de la política nacional sino que la posibilidad quedó sujeta al cumplimiento de un compromiso que, al cierre de la sesión y tras el rechazo de un proyecto que nada más proponía ampliar la mesa de consenso, asumiera el titular de la Cámara, Sergio Massa. Es el mismo que trabajara para la construcción de una alternativa al macrismo y al kirchnerismo y terminara sirviendo a los intereses de uno de los dos sectores, sin demasiadas explicaciones que no pasaran por sus intereses personales.
Si bien la oposición encarnada en Juntos para el Cambio se dividió frente a ambas cuestiones, la puja interna no favoreció a quienes resultaron muchos más marginales que aquellos que se salieron del redil de la segunda fuerza en la Cámara joven. Lo cierto es que la fuerza de gobernadores no peronistas pesó más que un ejercicio generoso frente a la disidencia.
O fue la ambición la que excluyó a fuerzas minoritarias que legítimamente reclamaron participar de la renegociación de las deudas que las provincias tienen con el sector público nacional. La composición de la mesa negociadora aprobada sólo incluye del ámbito legislativo a Mario Negri, el titular del opositor bloque de la alianza que se referencia en Mauricio Macri y a Máximo Kirchner, cuyo apellido es una descripción clara del sector político que representa.
Seguramente allí irá a parar el afán de las autoridades del área económica provincial, que han iniciado el peregrinaje por los pasillos del poder central buscando un alivio fiscal. Es que este año Salta tiene vencimientos de deuda por 9.500 millones de pesos, que si no se prorrogan convertirían al gobernador Gustavo Sáenz en un pagador de sueldos y de obligaciones contraídas por su antecesor, calificado como el peor administrador del período democrático.
No habrá salvataje para ninguna provincia, sigue siendo el mensaje desde la cúpula nacional. Entre ese límite y la presión de las obligaciones excluyentes estará marcada la cancha del nuevo gobierno local.
Salta, 30 de enero de 2020
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