Gestión
La mayoría de las provincias tienen sus expectativas centradas en la gestión del Ejecutivo nacional para resolver sus propios problemas, especialmente los de orden fiscal. La tarea del Congreso es crucial para alcanzar esos objetivos.
Los gobernadores esperan que sean ley el proyecto de sustentabilidad de la deuda externa y la suspensión del Consenso Fiscal 2017, a la que ya adhirió la provincia mediante una ley sancionada al cierre del pasado año. Se trata del acuerdo firmado por el presidente, los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño, que levanta las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos.
Desde el 10 de diciembre pasado, los esfuerzos de los mandatarios se centraron en acomodar las cuentas de sus respectivos estados, impactadas en la mayoría de los casos por el peso de deudas en dólares. Es así que obtuvieron que se les permita mantener el nivel de ingresos con la misma presión fiscal que se habían comprometido a reducir eliminando impuestos locales.
Respecto de la deuda pública, la necesidad del gobierno de Alberto Fernández de tener una ley en la cual apoyar las gestiones para renegociar la que se puede dirimir en tribunales del exterior permitió a las provincias asegurarse un ámbito para resolver en el corto plazo el tema de la sustentabilidad de la deuda de las provincias con la Nación en pesos. A cambio del voto a favor de la ley que demanda la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, ante los acreedores externos, lograron que se trate una resolución parar crear una mesa de trabajo para definir un marco que les permita pagar esas obligaciones, en la medida de la capacidad de sus recursos.
Estas gestiones, por lo menos no hay datos en sentido contrario, no eliminan los riesgos que acechan a las pymes, comprometidas financieramente por las altas tasas de interés y la fuerte presión fiscal que tiene chances de crecer y no reducirse, como se esperaba. Las medidas dispuestas en el marco de la emergencia socio económica no son suficientes y lo vienen expresando desde el sector privado. Mientras decae la actividad económica y no cesa el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo, ya se trabaja en negociaciones salariales bajo parámetros estrictos, que obligan a acuerdos que no han avanzado más allá de expresiones de buena voluntad. En ese plano debe ubicarse el bono que debe abonarse a los trabajadores, tanto del ámbito público como privado.
El gobierno nacional habilitó a partir de mañana la paritaria docente, que se observa como una prueba que deberá atravesar la nueva gestión para medir su poder político. Incluye la relación con las provincias, ya que deberán aportar a consolidar la decisión de ir progresivamente desindexando la economía. En el caso de Salta, ya se comprometió el alineamiento a las grandes definiciones expuestas por la cartera laboral que encabeza Claudio Moroni y que se trataron en la reciente reunión del Consejo Federal del Salario. Pero con condicionamientos.
El ministro de Economía Roberto Dib Ashur tomará parte de la mesa paritaria docente para lo cual ya viajó a Buenos Aires, con la consigna de buscar que se considere a la Argentina como un todo, en tanto se tenga en cuenta que "dentro de ese todo, hay diferencias”.
La capacidad de gestión se medirá por la capacidad de pedir.
Salta, 29 de enero de 2020
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