La mayoría de las provincias tienen sus expectativas centradas en la gestión del Ejecutivo nacional para resolver sus propios problemas, especialmente los de orden fiscal. La tarea del Congreso es crucial para alcanzar esos objetivos.
Opinión29/01/2020Los gobernadores esperan que sean ley el proyecto de sustentabilidad de la deuda externa y la suspensión del Consenso Fiscal 2017, a la que ya adhirió la provincia mediante una ley sancionada al cierre del pasado año. Se trata del acuerdo firmado por el presidente, los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño, que levanta las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos.
Desde el 10 de diciembre pasado, los esfuerzos de los mandatarios se centraron en acomodar las cuentas de sus respectivos estados, impactadas en la mayoría de los casos por el peso de deudas en dólares. Es así que obtuvieron que se les permita mantener el nivel de ingresos con la misma presión fiscal que se habían comprometido a reducir eliminando impuestos locales.
Respecto de la deuda pública, la necesidad del gobierno de Alberto Fernández de tener una ley en la cual apoyar las gestiones para renegociar la que se puede dirimir en tribunales del exterior permitió a las provincias asegurarse un ámbito para resolver en el corto plazo el tema de la sustentabilidad de la deuda de las provincias con la Nación en pesos. A cambio del voto a favor de la ley que demanda la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, ante los acreedores externos, lograron que se trate una resolución parar crear una mesa de trabajo para definir un marco que les permita pagar esas obligaciones, en la medida de la capacidad de sus recursos.
Estas gestiones, por lo menos no hay datos en sentido contrario, no eliminan los riesgos que acechan a las pymes, comprometidas financieramente por las altas tasas de interés y la fuerte presión fiscal que tiene chances de crecer y no reducirse, como se esperaba. Las medidas dispuestas en el marco de la emergencia socio económica no son suficientes y lo vienen expresando desde el sector privado. Mientras decae la actividad económica y no cesa el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo, ya se trabaja en negociaciones salariales bajo parámetros estrictos, que obligan a acuerdos que no han avanzado más allá de expresiones de buena voluntad. En ese plano debe ubicarse el bono que debe abonarse a los trabajadores, tanto del ámbito público como privado.
El gobierno nacional habilitó a partir de mañana la paritaria docente, que se observa como una prueba que deberá atravesar la nueva gestión para medir su poder político. Incluye la relación con las provincias, ya que deberán aportar a consolidar la decisión de ir progresivamente desindexando la economía. En el caso de Salta, ya se comprometió el alineamiento a las grandes definiciones expuestas por la cartera laboral que encabeza Claudio Moroni y que se trataron en la reciente reunión del Consejo Federal del Salario. Pero con condicionamientos.
El ministro de Economía Roberto Dib Ashur tomará parte de la mesa paritaria docente para lo cual ya viajó a Buenos Aires, con la consigna de buscar que se considere a la Argentina como un todo, en tanto se tenga en cuenta que "dentro de ese todo, hay diferencias”.
La capacidad de gestión se medirá por la capacidad de pedir.
Salta, 29 de enero de 2020
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
El incidente ocurrió durante la madrugada de Navidad mientras manipulaba un revólver frente a su familia. La policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.
El Hospital Público Materno Infantil informó la atención de dos menores con lesiones leves causadas por pirotecnia durante los días previos y la madrugada de Navidad. Además, se registró una intensa actividad en las guardias pediátrica y perinatológica, con más de 290 asistencias.