Opinión 28/11/2019

Escollo

Aunque la de ayer fue su última sesión, ningún concejal de la Capital quiso pagar el costo político de aprobar un presupuesto cuyos ingresos principales provienen de una estructura tributaria que se incrementará en un 50%. Luego de haber dado dictamen positivo sobre sendos proyectos vinculados al cuadro de gastos y recursos, diseñado sin déficit y a la ordenanza tributaria 2020, la decisión pasó al cuerpo que se integrará el 3 de diciembre próximo.

Las voces que más alto se levantaron en contra de ambas iniciativas, que ingresaron al Concejo Deliberante capitalino la semana pasada, no estarán a la hora de su tratamiento. A ese momento, que hasta puede ser posterior a la asunción de la nueva intendenta, se espera que hayan bajado los decibeles de la protesta y se hayan explicado las cifras con argumentos de mayor razonabilidad que los que describen el impacto de la devaluación y la inflación, que domina la vida de los argentinos de final del ciclo Macri. 

Según el concejal más votado el 10 de noviembre pasado, no hubo mucho tacto al presentar la iniciativa. Faltó política a ese momento, fue el cuestionamiento de Alberto Castillo, quien participó de la compulsa electoral desde una alianza que tuvo el único mérito de algunos logros municipales como su perfomance y el triunfo de un radical en el baluarte kirchnerista de Tartagal.

No era mala opción que un presupuesto financiado especialmente por la contribución de los capitalinos haya sido obra de quienes se iban, dejando hasta el pretexto para evadir la responsabilidad de su sanción a los que inician una nueva gestión en el Ejecutivo municipal. Pero encerraba el riesgo que tras un debate que desnude las debilidades de una iniciativa que no era superadora de la vigente en plena crisis, se produjeran cambios inconvenientes como precio para su aprobación. Se optó por aprovechar la fortaleza de la imagen inmaculada de una gestión sin fracasos, como es la que aún no se echó a andar.

Ninguno de los gobiernos que condicionan la vida de los salteños se atrevió a tanto en este tiempo. A días de abandonar el sillón de Moldes, Gustavo Sáenz giró un presupuesto con valores ajustados en un 40% respecto al vigente este año. 

El dato más relevante es que el plan de obras públicas, en el que se invertirán casi mil millones de pesos, se financiará en un 94% con fondos propios, un 1% con fondos nacionales y un 5% de provinciales. Dicho así suena virtuoso porque no exige el mismo perfil del jefe comunal que abrió como ninguno las puertas de la Casa Rosada, mientras se libraba de la dependencia de un gobierno provincial demandante y aprovechador de la capacidad recaudadora de su par municipal. Pero en el hilado fino de la trama de la propuesta el mérito decae, a sabiendas que con el monto previsto sólo tendrán disponibilidades los trabajos de bacheo y pavimentación.

Los proyectos de ordenanzas presupuestaria y tributaria fueron tratados esta semana por las comisiones correspondientes pero no ha trascendido en ninguna versión oficial referencia alguna al modelo de prestación de algunos servicios. Con precisión, nada se dijo sobre el destino del contrato con Agrotécnica Fueguina, que recoge la basura domiciliaria y presta con evidentes limitaciones el servicio de tratamiento de residuos. Apenas trascendió que se llevará en 2020 una séptima parte del presupuesto total, el mismo monto que el destinado a la obra pública.

Es saludable empezar un ejercicio fiscal con el presupuesto aprobado, en tanto no sea el primer escollo a superar. Y no parece ser este el caso.

Salta, 28 de noviembre de 2019

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