Control

El último hecho, que motivó ordenar una auditoría general sobre un aspecto importante de una gestión municipal, ocurrió el pasado lunes y pudo acarrear graves consecuencias incluso en vidas humanas. Cayó un pilote del puente viejo del barrio Santa Lucía, situación que llevó a que se clausure el tránsito, medida tomada de inmediato por razones de seguridad.

Es uno de los trabajos de refacción y funcionalización de puentes que fue muy promocionado por el gobierno anterior, atento a la importancia de su ubicación que habilita  la continuidad de la avenida Solís Pizarro, vía fundamental de conectividad para una importante franja poblacional de la zona sur. La información oficial señala que cedió uno de los pilares centrales de la estructura por lo que todo el puente quedó comprometido.

De los primeros análisis, el titular de la Secretaría de Obras Públicas municipal, Gastón Viola, anticipó que se comprobaron inconsistencias entre lo que se informó y lo que efectivamente se realizó.

Este hecho se suma a otros que fueron muy relevantes, como el derrumbe registrado en el canal de la Avenida Irigoyen. El hecho ocurrió en marzo de 2024, a poco de asumir la actual gestión municipal, que ya había marcado la inconveniencia del estado de una obra inconclusa. También fue una obra muy promocionada como de Revalorización de un espacio, que se pretendía mejorar para un mayor aprovechamiento por parte de la sociedad. Su presupuesto inicial fue de casi mil 500 millones de pesos, un tercio del cual fue pagado aunque no se correspondió con el avance que efectivamente tenía la obra.

Otro incidente que llamó la atención por su gravedad e impacto, se registró en febrero de 2025, cuando colapsó el acceso sur al puente Ayacucho. El pavimento de la calle Contreras en barrio Don Emilio se hundió más de un metro exhibiendo la mala calidad del trabajo realizado y pagado, que no duró más de dos años de concluído.

La obra más polémica fue la refacción de la Plaza 9 de Julio. El espacio intervenido, el tiempo que se extendió su realización, limitando su uso pese a su importancia en una ciudad que es turística y el resultado, pusieron al emprendimiento en la atención pública. No menos comentado fue el cierre que tuvo cuando la auditoría que llevó adelante la actual administración obligó a una intervención judicial. La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos imputó a varios funcionarios del gobierno de la ex intendenta Romero y a empresarios que participaron de la realización de la obra, por una serie de irregularidades documentadas. Según se informó hubo pagos anticipados y certificados falsos que dieron cuenta de un desvío de fondos que favoreció a empresas afines.

Ahora ha comenzado a escribirse un nuevo capítulo con la decisión de revisar lo actuado en materia de construcción, ante la duda sobre la calidad de las obras realizadas durante ese período. Al respecto, el Jefe de Gabinete municipal Juan Manuel Chalabe señaló que “la obra pública no puede ser solo propaganda; es una responsabilidad con la vida de los salteños”.

Es una posición que debe atenderse. La promoción de las acciones de gobierno sólo proceden cuando apunta a prestar un servicio, a informar la disponibilidad de programas y comprender el objetivo de una obra, especialmente cuando se trata de iniciativas que son respuestas a demandas sociales. Solo debe concurrir a facilitar el control social de una comunidad debidamente informada.

Salta, 11 de febrero de 2026