Más de dos millones de personas perdieron acceso a servicios básicos como cloacas y agua corriente

La pobreza generada por el programa económico de hambre y pauperización social de la administración Javier Milei se percibe en el empeoramiento de las condiciones materiales de vida registradas al primer semestre de este año por el Indec.

En la Argentina de La Libertad Avanza se incrementó la cantidad de hogares que no acceden a la red de agua potable (toman agua de pozo), gas o cloacas. Al primer semestre de este año, los datos oficiales indican que miles de personas fueron empujadas a vivir en zonas cercanas a un basural o regiones inundables. Así se desprende del último informe Indicadores de Condiciones de Vida que publica el organismo oficial.

El plan sistemático de pauperización encuentra en la informalidad laboral una clave de lectura, una suerte de hilo conductor (de la crueldad) que ahora pretenden institucionalizar con una neo reforma. En el día a día, el incremento de las malísimas condiciones laborales se aprecia –además de los ingresos- en la cantidad de personas que dejaron de contar con una obra social o empresa de medicina prepaga y su salud pasó a depender exclusivamente del sistema público (también desfinanciado).

De acuerdo al informe del Indec sobre las condiciones de vida, en la definición de saneamiento se incluye la tenencia de baño, su ubicación (dentro o fuera del terreno), la exclusividad o no de su uso, el tipo de desagüe y su instalación. Se definen como hogares con saneamiento inadecuado aquellos que tienen al menos una de estas características: no poseen baño; poseen el baño fuera del terreno; comparten el baño con otros hogares; el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica; o el baño no tiene descarga de agua.

El dato oficial indica que al primer semestre de este año el 12,1% de los hogares poseía condiciones de saneamiento insuficiente; esta situación afectó al 14,5% de la población. Un año atrás, las malas condiciones de saneamiento afectaban al 12,6% de los hogares.

Una mirada rápida sobre este dato podría arrojar la (errónea) conclusión de una mejora en las condiciones materiales de vida de la población. Pero al desagregar la información del propio documento oficial, se evidencia todo lo contrario.

Por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de agua dentro de la vivienda, se registró que el 8,5% de los hogares accedía solamente al agua de pozo, extraída con una bomba motor. Esta situación afectaba al primer semestre del año a 2.865.000 personas en 867.000 hogares. Un año atrás, los hogares afectados eran 848.000 para 2.693.000 personas.

Cuando se habla de lo indicadores sobre las condiciones de vida, cada modificación en sus porcentajes denota un cambio social profundo. No son variables que se muevan con facilidad. Para sostener niveles de saneamiento óptimos resulta clave la presencia del Estado nacional, en su rol de planificador de la obra pública para brindar mejores condiciones de vida. El programa de Milei eliminó la inversión pública.

A través del concepto de “servicios públicos” se mide el nivel de acceso de los hogares a los servicios de suministro de agua corriente y gas a través de redes públicas, y a las redes de desagües cloacales.

Al primer semestre de este año, el Indec registró que había 960.000 hogares (9,4% del total) sin acceso al agua corriente cuando un año atrás eran 939.000 hogares (9,3%); en el caso del acceso a la red de gas, se detectaron 3.487.000 hogares sin acceso (34,3%) cuando un año atrás eran 3.456.000 casos.

El dato más sobresaliente tiene que ver con el acceso a las cloacas. Al primer semestre del año, el 26,9% de los hogares no tenía desagües cloacales (2,7 millones de hogares). Esta situación afectó a 9.140.000 personas. Un año atrás, los hogares sin cloaca eran 2,5 millones.

La ex canciller Diana Mondino había dicho al comienzo de la gestión Milei que si en un barrio no había asfalto o tenía malos desagües, los vecinos serían los primeros interesados en juntar el dinero para emprender de manera privada el arreglo de su cuadra. La mentira también es planificada. Las características del hábitat de los hogares determinan la zona en la cual se ubica una vivienda en relación a su cercanía con un basural o por estar ubicada en zonas inundables.

En relación a las viviendas localizadas en zonas inundables, esta situación afectó al primero semestre del año al 9,0% de los hogares, compuesto por el 10,7% de las personas. Estos guarismos incidieron sobre 913.000 hogares en los que viven 3.196.000 personas.

Hace un año, solamente el 5,6% de los hogares –compuestos por el 9,1% de las personas– habitaba en zonas inundables; este guarismo implicaba 765.000 hogares con 2.704.000 personas.

En cuanto a la cercanía con algún basural, dicha situación afectó al 5,1% de los hogares; son 515.000 hogares donde viven 1.777.000 personas. Durante el primer semestre de 2024, los hogares ubicados cerca de un basural representaban el 4,6% del total (463.000) donde vivían 1.665.000.

La vivienda ya no es lo que era

Con la tenencia de la vivienda surgen datos que dan cuenta de una concentración de las personas que son dueñas del terreno y de la vivienda al mismo tiempo, una caída de quienes son solamente dueños de la casa que habitan, una merma de los inquilinos pero un fuerte crecimiento de los llamados ocupantes, categoría que incluye ocupantes por pago de impuestos o expensas, los ocupantes gratuitos con permiso y los ocupantes de hecho (sin permiso).

Los propietarios de la vivienda y el terreno pasaron a representar un total de 6,2 millones de hogares cuando al primer semestre del año pasado eran 6,1 millones; los que son solamente dueño de la vivienda quedaron en los 654.000 hogares cuando un año atrás eran 670.000.

El informe del Indec también sostiene una caída de las personas que son inquilinas, al pasar de las 5.362.000 en 2024 a las 5.241.000, una diferencia de 121.000 personas. ¿A dónde fueron a vivir? Una parte de esas personas pasó a la categoría de “ocupantes”. Al cierre del primer semestre del año había 1.008.000 hogares bajo esta categoría, situación que incidía sobre 3.051.000 personas. , Un año atrás, los ocupantes eran 2.986.000 personas.

La precarización laboral

El avance de la pauperización de las condiciones de trabajo se aprecia en la cantidad de personas que dejaron de contar con una obra social o una empresa de medicina prepaga (cada vez más con cuotas prohibitivas).

Si se considera el conjunto de la población, el 66,5% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 33,3% solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 9.966.000 personas. Un año atrás, la cobertura de las obras sociales o del subsistema privado llegaba al 67,8% de los trabajadores y trabajadoras.

En cantidad de personas, se pasó de contar con 20.096.000 de afiliados a una prepaga u obra social a los actuales 19.873.000. La diferencia es de 223.000 personas, número similar a la cantidad de puestos de trabajo registrados destruidos desde el inicio de la gestión Milei. Los que dejan de atenderse en una obra social pasan al sistema público, cada vez más desfinanciado por la misma administración libertaria.  

Con información de El Destape