Consensos
Cierra una semana en la que se planteó uno de los debates políticos más esclarecedores. La discusión del jueves en el Senado de la Nación contra el veto a una nueva modalidad de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro, puso sobre el tapete cuestiones fundamentales de la relación entre el gobierno central y las provincias.
El repaso de las decisiones que llevaron a que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidieran al Congreso la sanción de una ley para la redistribución automática de los llamados ATN, permitió tomar la dimensión de los acuerdos, confrontaciones, resistencia o tolerancia que la política puso en juego para intentar que el país tenga un desarrollo equilibrado. Desde que en el siglo pasado se sancionaron normas para repartir la riqueza de un territorio variado, integrado por provincias que reconocen demandas sociales y económicas diferentes, no se ha podido alcanzar ese equilibrio porque se han atravesado distintas experiencias políticas.
La última es la que se ha iniciado en diciembre de 2023 a nivel nacional, que en estos casi dos años se ha ocupado progresivamente de ir desmantelando la estructura construída para enfrentar crisis o compartir buenos tiempos. Por acción o inacción, los fondos de carácter federal creados para financiar gastos -o inversiones, según la interpretación que se quiera dar- han perdido su funcionalidad. Así como formalmente desapareció el Fondo de Incentivo Docente y son las provincias las que deben afrontar con su exiguo tesoro el piso de los salarios de los educadores, el de los Aportes del Tesoro Nacional existe, recauda, crece pero el gobierno libertario no lo distribuye ni explica cuál es el destino de esos recursos. La única razón es la de simular la existencia de superávit fiscal.
La ley que el presidente Javier Milei vetó no altera ese superávit porque no implica mayor gasto sino otra forma de distribuir fondos que siguen siendo para emergencias y desequilibrios financieros. Tampoco modifica la Ley de Coparticipación; solo le da carácter automático a un reparto que se había convertido en una facultad discrecional que distintas gestiones utilizaban con un discutido criterio de premio y castigo.
Con un oficialismo nacional débil política y territorialmente, obligado a negociar cada paso que da y reticente a generar vínculos que no maneje en su plenitud, la pérdida de esta herramienta de dominación está cambiando el mapa de relaciones políticas. La histórica imagen de provincias feudales, desordenadas, pedigüeñas, administradas deficientemente no sirve en este momento en que la puja por mayor asistencia financiera se ha convertido en un reclamo por la consolidación del federalismo fiscal.
En el debate del jueves en la Cámara alta, se escucharon expresiones que pusieron al federalismo como una condición necesaria para el desarrollo argentino. “Sin provincias fuertes no hay país posible”, se dijo y se marcó que es tiempo de generar prioridades que construyan igualdad de oportunidades. Desde la oposición se señaló que “el camino no es concentrar el poder ni cerrar el diálogo; el camino es con la Constitución y fortaleciendo el pacto federal”.
Precisamente es el Congreso el escenario propicio para discutir públicamente la distribución de fondos, dejando de lado los acuerdos palaciegos, hasta tanto se cancele la deuda pendiente que tienen todas las fuerzas políticas de sancionar una nueva Ley de Coparticipación, ajustada a lo dispuesto por la Constitución reformada en 1994.
Ha quedado en claro que se necesitan consensos amplios, partiendo del reconocimiento del papel que juegan las provincias, propietarias de territorio y recursos y obligadas a prestar servicios esenciales para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos.
Salta, 19 de setiembre de 2025
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