La voz de la calle y del Congreso no es un golpe, es democracia
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Lo ocurrido esta semana en la Argentina es contundente. Miles y miles de personas salieron a las calles en distintas provincias, no solo en Buenos Aires, para reclamar por la educación universitaria y por los derechos de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados, que representa la voluntad popular, rechazó los vetos presidenciales.
El gobierno intenta instalar la idea de que quienes se le oponen buscan desestabilizarlo. Pero la realidad es otra: lo que se vivió fue un acto de democracia pura. El pueblo en la calle y sus representantes en el Congreso dijeron “no” a medidas que consideran injustas y dañinas. Eso no es un golpe de Estado, es la democracia funcionando.
La bronca social no surge solo del ajuste, sino de la falta de empatía. Nadie discute la importancia de ordenar las cuentas y alcanzar el equilibrio fiscal. Lo que la sociedad rechaza es que ese orden se intente conseguir reduciendo inversiones en los sectores más sensibles: las universidades que forman a nuestros jóvenes y las pensiones que sostienen a quienes más lo necesitan.
Los números son claros. En 2023, la inversión educativa representaba el 1,48 % del PBI. En 2025 cayó al 0,88 % y el proyecto de Presupuesto 2026 la reduce aún más, al 0,75 %. En discapacidad, la inversión apenas aumenta un 8,3 %, pero con una caída en la cantidad de pensionados: de más de 1,1 millones a menos de 980 mil beneficiarios. Es decir, el ajuste se concentra en quienes menos pueden defenderse.
El Presidente no es dueño de los fondos públicos. Administra recursos que pertenecen a todos los argentinos. Y administrar exige sensibilidad, capacidad de escucha y la humildad de corregir cuando las decisiones generan más dolor que soluciones.
La fortaleza de un gobierno no se mide por cuánto recorta, sino por su capacidad de sostener y multiplicar las inversiones que garantizan derechos, incluso en tiempos difíciles. Cuando la calle y el Congreso dicen que no, no se está desafiando la democracia: se la está ejerciendo en su máxima expresión.
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