El campo salteño reclama la reglamentación del Ordenamiento Territorial y advierte fuga de inversiones
Carlos Segón, expresidente de la Sociedad Rural Salteña, urgió al gobierno provincial a reglamentar la ley, para brindar la necesaria seguridad jurídica a los productores.
En el marco de la inauguración de la 81° Expo Rural Salteña, un cartel que aludía al "fracaso" del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) acaparó la atención. Carlos Segón, expresidente de la Sociedad Rural Salteña, abordó esta situación en diálogo con Aries, y subrayó la falta de una decisión política por parte del gobierno para la región del Chaco salteño.
Segón señaló que desde hace 17 años, durante la administración de Juan Manuel Urtubey, la provincia no logra establecer una política de Estado clara sobre el uso del suelo. "Permanentemente se reglamentan, se cambian las modificaciones, se modifican los decretos", afirmó el expresidente, lo que "trae una inseguridad muy importante". Esta falta de certeza afecta directamente el valor patrimonial de los campos, indicó.
El exdirigente del sector rural también mencionó la nueva ley de revisión del Ordenamiento Territorial, sancionada por ambas Cámaras Legislativas. A pesar de los anuncios del gobernador Gustavo Sáenz sobre su reglamentación, los detalles de la misma aún se desconocen.
Según Segón, esta nueva ley "deja más duda que certeza", ya que introduce un sistema de producción "MBGI" que, en su opinión, ha fracasado en los últimos 17 años. El expresidente añadió que este sistema es "muy impreciso" y solo lo han adoptado unos pocos productores. Además, un acuerdo con Nación busca que el 70% de la superficie ganadera de Salta se utilice exclusivamente bajo este sistema productivo.
La ausencia de reglas claras, señaló el productor, genera una grave crisis de confianza en el sector. El expresidente de la entidad alertó que esta situación provocó la partida de numerosos inversores de la provincia, quienes optaron por reubicarse en países vecinos como Paraguay y Bolivia.
Segón, al concluir, insistió en su reclamo y pidió al Gobierno una definición clara que brinde seguridad jurídica a la producción salteña.
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