“Los salteños merecen saber qué pasó”: Gauffín presentó una querella penal contra el IPS
El legislador afirmó que la Justicia debe actuar y castigar a los responsables si se confirman los delitos económicos cometidos en la obra social.
Este martes, el diputado provincial José Gauffín presentó una querella penal contra las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) por una serie de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La denuncia se fundamenta en graves irregularidades administrativas, falta de transparencia en la gestión, trato desigual a los afiliados, contratos sospechosos y posibles casos de sobrefacturación, entre otros puntos críticos.
Gauffín busca ser aceptado como parte querellante en la causa que lleva adelante la Fiscalía, surgida a partir de las propias declaraciones del gobernador sobre una sobrefacturación en la obra social provincial. “Los salteños merecen saber qué pasó con el IPS, por qué se llegó a semejante déficit, quiénes son los responsables y si hubo delitos, que se los castigue como corresponde”, señaló el legislador por Aries.
Entre las anomalías denunciadas se encuentran la contratación de servicios nunca prestados, como el caso de la empresa Traditum, y la intervención prolongada del organismo sin resultados claros. También criticó que la expresidenta del IPS, Gladys Sánchez, fuera designada en el pasado como coordinadora en medio de una investigación abierta, lo que, a su juicio, agrava la desconfianza sobre la conducción del instituto.
“Pasaron muchos meses, se formaron comisiones, se prometieron auditorías, pero nadie explicó por qué se tuvo que meter la mano en el bolsillo de todos los salteños para salvar al IPS, y mucho menos si alguien va a pagar por ese daño. Yo no quiero que esto quede en la nada”, remarcó Gauffín.
El diputado también recordó que la intervención oficial del IPS vence en las próximas semanas y advirtió que probablemente se renueve sin rendición de cuentas ni informe público. Por eso, reclamó que se avance judicialmente para que “los responsables rindan cuentas” y los afiliados puedan recuperar la confianza en la obra social estatal.
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