Moderación
El sistema institucional se pone a prueba con el caso de Pablo Emanuel López, hasta hace una semana atrás docente, concejal y libertario. Con un proceso electoral que excluye cualquier pretensión electoral que no caiga en la confrontación del oficialismo nacional con el kirchnerismo, muchos se sintieron habilitados para arrojar la primera piedra.
Erigido en un fiscal de lo que el último partido en el que militaba llama la casta política, fue denunciado por violencia sexual, económica y politica y todo indica que no solo perdió autoridad moral sino apoyo político. Y eso sí que es grave para quien la ciudadanía le dio su representatividad.
No se distinguía por sus proyectos en favor de los vecinos de la Capital sino por sus intervenciones en defensa de un modelo de administración que promete bienaventuranzas para un país que no ha encontrado el rumbo del desarrollo. Hace menos de cien días, su gestión desde la banca del Concejo Deliberante fue ratificada de manera indiscutible y desde diciembre tendrá un nuevo mandato y por cuatro años.
En un tiempo en que la sociedad le está dando la espalda a la política, un mal paso puede ser una condena inapelable y no por una actitud principista.
Cuando el 17 de julio pasado se conoció que Pablo Emanuel López, concejal del partido del presidente Javier Milei había sido denunciado penalmente por una convencional electa de su mismo espacio político por presunta extorsión sexual y retención de salario, se conoció su renuncia a la banca. Pese a ello, desde su partido y desde la oposición hubieron el repudio correspondiente y cuestionamientos, con más severidad que lo ocurrido -por ejemplo- en agosto de 2022 cuando el Concejo tuvo que enfrentar un caso similar, que llevó a que el cuerpo disponga la exclusión de un edil acusado de violencia de género, en base a un dictamen la Comisión de Disciplina y Juicio Político porque no había mediado su dimisión. Uno de sus pares recordó en esa circunstancia que era la cuarta o quinta vez que se veía en la misma tarea.
Que haya antecedentes de la misma gravedad y naturaleza no justifica al ex concejal López ni alivia su carga. No explica, quizás, la dureza del trato de los referentes de su partido que seguramente conocen la práctica de tomar parte de los salarios del personal de organismos del Estado, en cuya designación han mediado. O sí lo hace dada la cercanía de un proceso electoral en el que van a intervenir con un mensaje de ética política que les cuesta sostener.
La advertencia de someterlo a un juicio político abrió las distintas bibliotecas del Derecho para interpretar si la del concejal es una de las figuras institucionales que pueden ser sometidas al mismo. En principio, la Carta Orgánica Municipal, aprobada en 1988 por ley 6534, no lo menciona y reserva el recurso sólo para juzgar la conducta del Intendente Municipal. Tampoco indica que es facultad del Concejo aprobar o rechazar la renuncia.
Concejales oficialistas se aprestan a llevar adelante una sesión extraordinaria en esta semana de receso para tratar la situación de quien era su par y determinar si incurrió en incompatibilidad sobreviniente, por la que debe presentar su renuncia o ser excluido si no lo hubiese hecho; que no es el caso.
La Libertad Avanza de Salta lo echó de sus filas pero no puede tomar la banca que López ganó en las elecciones de mayo. En ese caso, si asume en diciembre, el Concejo Deliberante podrá hacer uso de las facultades disciplinarias que tiene para corregir a cualquiera de sus miembros.
Si proceden las sanciones, no debe ser por revancha u oportunismo. Deben concurrir al correcto funcionamiento del sistema institucional.
Salta, 21 de julio de 2025
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