Tras la condena a Cristina, Política Obrera cuestiona el doble estándar del poder
La dirigente del espacio criticó la doble vara del gobierno libertario y denunció los vínculos del presidente con figuras acusadas de crímenes y corrupción internacionales.
En El Acople, Violeta Gil, dirigente de Política Obrera, afirmó que no existe solidaridad personal, desde su espacio, con Cristina Fernández de Kirchner, pero alertó que el fallo judicial en su contra forma parte de un entramado mayor de ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares, que atraviesa a todos los gobiernos, incluidos los que encabezó la propia expresidenta.
“No establecemos ninguna solidaridad de tipo personal con Cristina. Ella misma fue responsable de medidas profundamente antipopulares como el veto al 82% móvil para los jubilados, el Proyecto X de espionaje a organizaciones obreras o la criminalización de los paros docentes y de salud”, denunció Gil.
La dirigente remarcó que el peronismo fue históricamente funcional a los intereses del gran capital, y que Cristina no es la excepción. “Fue y será un instrumento del poder económico. No por eso vamos a dejar de denunciar el carácter reaccionario del fallo judicial, que es parte de un ajuste más amplio contra los derechos laborales y sociales”, sostuvo.
En esa línea, Gil cuestionó duramente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, por guardar silencio ante el fallo contra Cristina Kirchner. “Sáenz no dijo una sola palabra. Y no lo hace porque él es parte del armado político y jurídico que sostiene el golpe de Estado económico de Javier Milei. Su silencio lo posiciona como cómplice directo del ataque al pueblo trabajador”, advirtió.
Asimismo, denunció que Sáenz “se alineó con la política represiva de Patricia Bullrich” y se convirtió en un ejecutor local de la agenda del FMI y el gran capital internacional, cuyo objetivo —según Gil— es “pulverizar los derechos laborales y las conquistas sociales”.
Por último, Gil cruzó también a Javier Milei por sus relaciones internacionales: “Mientras acá se persigue judicialmente a exfuncionarios, el presidente está reunido con Benjamín Netanyahu, un criminal de guerra prohibido en más de 100 países, y es aliado de Donald Trump, que encabezó un intento de golpe de Estado en su propio país”.
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