Déficit y auditorías en el IPS: “Siempre se gasta más de lo que se recauda”
El interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) brindó este viernes una conferencia de prensa en la que detalló la situación financiera de la obra social, aseguró que no habrá aumentos para los afiliados y anunció medidas para mejorar la atención a personas con discapacidad.
“Hoy en día tengo pendiente de pago no exigible por 4.200 millones de pesos. Pero quiero dejar en claro que la prioridad del IPS y de esta gestión es el afiliado. No se le va a tocar el bolsillo del afiliado en ningún caso”, remarcó el funcionario.
Frente al creciente reclamo por demoras en los pagos a prestadores y dificultades en el acceso a servicios, el interventor explicó que la obra social arrastra una ecuación gasto-recurso históricamente deficitaria: “Siempre se gasta más de lo que se recauda. El déficit se mantiene entre 5.000 y 7.000 millones de pesos, según la época del año, y es el Gobierno quien siempre pone la diferencia”.
En cuanto a las causas de la crisis financiera actual, el funcionario vinculó el deterioro reciente al impacto de la inflación en los últimos meses del 2023: “La crisis financiera fue producto del incremento de precios desde septiembre u octubre del año pasado. No es un problema nuevo, pero ahora se ve más porque se ha profundizado el control”.
También anunció una medida concreta: la ampliación de la oficina de atención a personas con discapacidad ubicada en Mitre 355. “Estamos vaciando un archivo para utilizar ese espacio físico como oficina” y también se refirió a la continuidad de Gladys Sanchez, ex presidenta de la obra social, como Coordinadora Ejecutiva Prestacional. “No había equipo técnico ni médico. Ell continuó a los fines de que me pueda proveer la información de cuestiones que yo no conocía y que no se detenga el movimiento del IPS hasta tanto podamos nosotros organizarlo. A los 60 días como se había pactado, se fue de la institución”.
Al ser consultado sobre posibles irregularidades heredadas, el interventor fue cauto pero reconoció que se están analizando responsabilidades: “La fiscalía trabaja con los papeles que nosotros le damos. Ellos determinan si hubo delito o dolo. Nosotros no tapamos nada”.
Por último, confirmó que la afiliación individual a la obra social está momentáneamente cerrada “por una decisión estratégica” y recordó que el IPS cuenta con 270.000 beneficiarios: “Cada decisión que tomamos afecta a muchísima gente”.