Crisis energética en Salta: Más de 25 mil familias se conectan de forma ilegal en Salta

En Agenda Abierta, el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta, Carlos “Uluncha” Saravia, lanzó fuertes críticas contra la Secretaría de Energía de la Nación, a la que acusó de actuar con “ineficiencia” y “ocultar medidas” que afectan directamente a los usuarios. En contraposición, defendió el modelo salteño de ajuste tarifario progresivo, al que definió como “anestesia y amortiguadores” frente a la “motosierra” del Gobierno Nacional.

Saravia recordó que Salta fue pionera en excluir a los barrios privados de los subsidios energéticos, medida que recién ahora se implementa a nivel nacional. “Nosotros lo hicimos hace tres años”, remarcó, cuestionando la falta de previsión de las autoridades nacionales.

En cuanto a la política tarifaria, explicó que en Salta las subas se aplican únicamente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de cuatro meses debido al congelamiento parcial de tarifas. “Cada incremento responde a un dato público y verificable. Si hubo una inflación del 3,7%, eso es lo que se traslada, y solo en un 50% porque esa es la incidencia de la energía”, detalló.

El funcionario también se refirió a las consecuencias sociales del ajuste nacional. “Cuando a una familia humilde le llega una factura de $150.000 y gana $700.000, tiene que decidir si deja de comprar carne, si deja de usar el colectivo. Es una situación de privación total”, advirtió. A eso se suma, según dijo, la falta de preparación social para afrontar estos cambios: “No hubo campañas educativas ni de concientización”.

Saravia también describió el impacto del consumo eléctrico ilegal. Estimó que alrededor de 25.000 familias en la provincia roban unos cinco millones de kilovatios por mes. En zonas como Aguas Blancas, más del 50% de los usuarios no paga la luz; en Salvador Mazza, el 40%. “El sistema castiga al que paga. Cuando se sobrecarga un transformador por conexiones irregulares, el servicio se vuelve deficiente para todos, y los reclamos son legítimos”, afirmó.

Por último, alertó sobre el dilema social que enfrentan las distribuidoras: “Si cortamos el servicio a las familias que roban energía, corremos el riesgo de una pueblada. Esa es la realidad que enfrentamos en los países pobres”.