Control
Las pasadas elecciones de medio tiempo pareciera que han puesto una bisagra al año en curso y los acontecimientos han comenzado a transitar otros caminos. Algunas cuestiones van a demandar decisiones inmediatas del Ejecutivo y, en general, van a exigir extremar el control sobre el uso de recursos públicos.
En la última sesión de la Cámara de Diputados se expusieron situaciones que exceden la mera evaluación de un proceso electoral. Los legisladores acordaron en el marco de Labor Parlamentaria pronunciarse al respecto para el caso que fuese del interés de cada uno en el tramo de manifestaciones y allí se concentraron demandas pero también se subrayaron temas que ahora deben encararse o resolverse.
Uno de los más relevantes fue el listado de reclamos que la diputada del PRO, Sofía Sierra, estuvo recogiendo en torno de la situación del Hospital Oñativia, algunas de las cuales se conocieron al inicio de esta semana como consecuencia de la renuncia que presentó el gerente de ese nosocomio.
A todas luces se evitó que el análisis de la situación se contaminara con una campaña electoral ya que suele ser una práctica usar elementos negativos para denostar a los opositores . Fue cuidado el tratamiento de una cuestión que desembocó en el alejamiento del médico Marcelo Nallar de la gerencia del establecimiento y que abre una etapa que no solo requiere explicaciones sino la confirmación de supuestas irregularidades, según la versión de la legisladora.
El profesional informó este lunes de su decisión, que responde a motivos personales. Tal circunstancia fue confirmada por el ministro de Salud, Federico Mangione, quien dio cuenta que ya venía dialogando sobre esta renuncia. Nallar dijo que es el momento de dar un paso al costado, tras una gestión de casi dos décadas que colocó al Oñativia entre los hospitales más importantes del país.
El titular de la cartera sanitaria, por su parte, reconoció que no avalaba la decisión de eliminar la guardia de un establecimiento especializado en endocrinología y metablismo que, además, proyecta 60 transplantes renales anuales y usa medicina nuclear para la realización de sus estudios. Sin embargo, aclaró que no fueron las diferencias de criterios la que están provocando un cambio que obligará a llamar a elecciones para cubrir el cargo, tal como lo establece la ley. Es que el Oñativia es un hospital de autogestión.
Precisamente esa condición permite que su administración tenga libertad para un manejo de recursos, que no solo dependen de una asignación presupuestaria. Ese trato llevó a la diputada Sierra a exponer datos que fue recogiendo de fuentes no reveladas en su exposición ante sus pares, a quienes los exhortó a poner el foco en el control.
Entre otras situación particulares que emergen del funcionamiento del Oñativia señaló que hay registros de pago por las prácticas que se efectúan por sumas muy elevadas -hasta de 6 millones de pesos, informó- que se obliga a realizar a pacientes de escasos recursos y cuyo destino se desconoce. Hay un trato discriminatorio que favorece a quienes tienen obra social o una prepaga, respecto de los carentes de estos servicios que deben esperar hasta dos años para acceder a una intervención, como ocurrió en algún caso.
También indicó que se realizan convenios con prestadores que utilizan toda la estructura hospitalaria, incluyendo la del personal, por cifras módicas pero, especialmente, sin asegurar igualdad de condiciones para todos. Además, no se respeta el perfil del Oñativia ya que se realizan intervenciones cardiovasculares, restando turnos para las prácticas propias.
Sobre ese cúmulo de hechos, hay por delante 30 días durante los que el Ministerio de Salud deberá realizar las comprobaciones pertinentes y determinar si se acepta la renuncia del gerente o se disponen otras medidas.
Es un caso en el que se debe considerar no solo el manejo de recursos sino el cumplimiento del fin social de un hospital público. Ambas cuestiones deben ser protegidas por el Ejecutivo y observadas por el sistema de control público. La sociedad debe sumarse a esa tarea a través de sus representantes gubernamentales y no gubernamentales.
Salta, 14 de mayo de 2025
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