Complejidad
La atención que demanda la frontera norte no logró encontrar un punto de confluencia de todos los intereses que operan para fortalecer la seguridad en la zona. La efectividad del Plan Güemes en la lucha contra el crimen organizado expone flancos de conflictividad social creciente.
Desde fines de 2024 está operativo el Plan Güemes, una política del Ministerio de Seguridad Nacional que cuenta con la activa participación de la Provincia de Salta. Su objetivo es el refuerzo del control territorial en la frontera norte, para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
Su implementación formal fue establecida en julio pasado por la Resolución 830, de la cartera que conduce Patricia Bullrich. Contempla la integración de un Comando Unificado Federal que impulsa mecanismos de coordinación entre organismos nacionales, provinciales, municipales y binacionales que intervienen en los pasos fronterizos de Aguas Blancas y Salvador Mazza. Dicho comando se reunió este lunes en Orán, con la participación de los principales referentes nacionales de fuerzas federales de seguridad.
En ese marco, el ministro de Seguridad salteño destacó que la articulación investigativa con la Policía Provincial permitió que en pocos meses se desarticularan tres organizaciones narcocriminales que operaban en Salta con vínculos nacionales e internacionales. Según la información oficial, Gaspar Solá Usandivaras también destacó el fortalecimiento del trabajo interfuerzas con policías de otras provincias pero marcó la necesidad de atender la demanda social que se genera en los ejidos urbanos de las localidades vinculadas a los corredores operativos del Plan Güemes, que son los municipios de Aguas Blancas, Orán, Salvador Mazza, Aguaray y Tartagal.
Precisamente esta reunión fue precedida por una movilización de los llamados bagayeros, quienes se declararon en alerta por el avance de controles y un posible cierre de pasos clandestinos en Aguas Blancas. Cabe señalar que uno de los hechos más relevantes de estas últimas semanas fue el cierre en esa zona de un paso informal a través de Finca Karina, un predio que se había convertido en el paso diario de miles de personas que realizaban compras en Bolivia y las ingresaban fuera de control al territorio argentino.
Cuando en abril pasado se inició la segunda etapa del Plan Güemes, extendiéndolo al departamento San Martín, fue el propio gobernador Gustavo Sáenz el que advirtió que debía regularse el trabajo informal en la frontera. Marcó que no debía eliminarse sino reemplazarse por oportunidades laborales genuinas. Y esa es una problemática que no se abordó y se está convirtiendo en un punto de conflictividad preocupante.
No es la primera vez que se visualiza la necesidad de resolver la cuestión que involucra a miles de personas en la zona. Los pasadores observan que se están intensificando los controles sobre los movimientos de mercaderías y no descartan que finalmente se endurezca la acción en contra de los pasos clandestinos.
No se ignora que el sustento de muchas familias de la zona depende de una tarea que no es observada por quienes la ejecutan como un ilícito. Para ese sector poblacional es la única posibilidad de ingresos y se tolera porque ninguna gestión de gobierno ha planteado una alternativa.
Al margen de las acciones represivas concretas contra estas prácticas ilegales de comercio fronterizo, pesa también la oportunidad. La proximidad de elecciones sirve para fortalecer la protesta social; además de la renovación legislativa nacional, en Aguas Blancas se elegirá intendente, luego que quien fuera electo en 2023 fue separado de su cargo por sus vínculos con el narcotráfico.
A todas luces, es una de las situaciones de mayor complejidad para encontrar soluciones inmediatas.
Salta, 12 de agosto de 2025
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