Trascendencia
Cuando el 26 de septiembre de 2024 el Senado sancionó el proyecto de ley interviniendo el municipio más joven de la Provincia, cerró un proceso informado a la Legislatura por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, quien dio cuenta de investigaciones penales contra el ex intendente Alfredo Martínez, detenido al momento del tratamiento legislativo del proyecto girado por el gobernador Gustavo Sáenz. Como suele suceder en situaciones similares, los legisladores lamentaron aprobar una intervención pero no se podía soslayar la grave crisis institucional generada por una causa vinculada al narcotráfico.
La Ley 8453 estableció en su artículo 4, que la intervención se extenderá hasta la asunción del nuevo Intendente Municipal que resultare electo en las próximas elecciones provinciales del año 2.025. Precisamente, en el decreto de convocatoria a esos comicios, se incluyó la categoría sobre la que debían pronunciarse los vecinos del municipio de frontera. Pero en febrero, el propio mandatario anticipó lo que se está definiendo en estas horas.
Sorpresivamente, tal iniciativa -que no mereció mención alguna en el mensaje sobre el estado general de la Provincia pronunciado el 1 de marzo pasado- ingresó en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados, se trató sobre tablas y obtuvo la media sanción, que trataría mañana en revisión la Cámara alta.
En los fundamentos de la propuesta de extender la intervención hasta 2027, se señala que la situación del municipio creado en 2012 no ha variado y se sumó a ello que se detectaron irregularidades en un padrón de 3.251 electores. Según se señaló, el 20% esté sospechado por tratarse de bolivianos que residen y trabajan del otro lado de la frontera.
El debate transitó por varios caminos. El formal, respecto si se necesita una ley para ampliar el plazo que se referencia en una elección u otros de fondo, que rozan la esencia misma de la existencia de ese y otros municipios que no tienen-como se señaló desde la oposición- una institucionalidad sustentable
La miembro informante Socorro Villamayor señaló que la situación de gravedad institucional se mantiene, aunque tuvo mejoras. Pero cargó las tintas en la del padrón, cuya integración seguramente puede alterar la voluntad de los ciudadanos del municipio. Especialmente desde el oficialismo se reconoció que no solamente es un problema de Aguas Blancas, ya que Salvador Mazza es otro municipio que sufre la incorporación en su padrón de extranjeros que tramitan una residencia, a la que usan para acceder a beneficios sociales y para intervenir en elecciones comunales, sin que sea efectiva de manera permanente.
El legislador macrista José Gauffin mencionó el padrón de El Quebrachal, que se engrosa con ciudadanos de Taco Pozo, localidad de Santiago del Estero. Esto lo llevó a demandar que se haga una depuración del padrón electoral de todas las comunas de la Provincia.
Pero en especial, se advirtió sobre el riesgo de que la alteración ocurra en los municipios de frontera. La preocupación fue verbalizada por el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. En declaraciones periodísticas expresó preocupación por la posibilidad de elegir un intendente narco, recordando el plan que fuera denunciado por el Gobernador y el Procurador General, en las instancias previas a la puesta en marcha del Plan Güemes.
Son situaciones preocupantes y se debe advertir su trascendencia.
Salta, 19 de marzo de 2025