Después de 21 años, Salta vuelve a juzgar a un juez
El próximo martes comienza el Juicio político contra el juez Claudio Parisi de Orán. Se estima que el viernes 13, con la culminación de las audiencias, se resuelva la destitución.
Después de 21 años, la provincia de Salta vuelve a vivir un juicio político para decidir la destitución de un juez. El proceso contra el juez de Garantías de Segunda Nominación de Orán, Claudio Parisi, acusado de entorpecer la causa por el homicidio de César Martínez, comenzará el próximo martes 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Este caso se convierte en el primero de estas características desde 2003, cuando se destituyó al juez de instrucción de la IV Nominación, Roberto Elio Gareca.
Parisi acumula tres causas penales en su contra, dos por cohecho y una por las irregularidades en la causa por el homicidio de Martínez. En ese proceso también están imputados y detenidos el abogado Ortega Serrano y Carlos ´Conejo´ Martínez, ex intendente de Aguas Blancas.
“El jurado de enjuiciamiento tiene la función de resolver cuestiones que generen dudas en la sociedad sobre la actuación de los magistrados. Es un remedio institucional que garantiza transparencia y confianza en el sistema judicial”, afirmó el prosecretario legislativo de la Cámara de Diputados de Salta, Pedro Mellado, en diálogo con Aries.
Este organismo analizará la conducta del juez acusado en un debate oral y público, al que podrán asistir tanto la ciudadanía como la prensa, agregó Mellado, quien también integra el jurado.
El proceso incluirá la presentación de 30 testigos, se prevé que las audiencias se extiendan hasta el viernes. Durante el juicio, se leerán las acusaciones del procurador general Pedro García Castiella, y se presentarán pruebas y testimonios que el jurado evaluará antes de tomar una decisión.
Según las normativas, la resolución será inmediata tras el cierre de las audiencias. Cabe destacar que el objetivo de este juicio es exclusivamente determinar la destitución del magistrado, sin intervenir en aspectos penales que deben resolverse por separado, aclaró Mellado.
“Es positivo que la sociedad tenga acceso directo al proceso y pueda observar cómo se juzga a quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyó.
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