Según las estadísticas reveladas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, 1 de cada 4 muertes está relacionada con la conducción imprudente bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. En la Legislatura  de esa provincia los legisladores tomaron el tema con seriedad y avanzaron con la aprobación de una ley que permite cobrar la atención médica a los conductores ebrios que causen muertes o daños materiales y no tengan cobertura.

El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo Nacional y logró el apoyo unánime. Para conocer el trasfondo de la iniciativa, Aries dialogó con la diputada provincial mendocina, Elisabeth Crescitelli.

En la provincia cuyana vale aclarar que no rige la Ley  nacional 27.714 de Alcohol Cero al volante.

“Aquellos que violen la normativa provincial de seguridad vial que es superior al 0.5 gramos en el  caso de vehículos; 0.2 gramos en motos, bicicletas, etcétera; cero gramos en el caso de profesionales o conductores del servicio público -  no tengan cobertura médica y el Estado deba hacerse cargo - esta ley lo que hace es facultar al Ministerio de Salud a que perciba esos gastos como si fuera cualquier deuda que contraiga con el Estado”, explicó la legisladora.

En su fundamentación, aclaró que más allá que se pueda pensar que se persiguen objetivos recaudatorios, remarcó en la concientización en los conductores ya que, según afirmó, considerablemente aumentaron los siniestros viales cuyo protagonismo lo ocupan el alcohol y/o estupefacientes. “Es una sanción más para que se tome conciencia”, enfatizó.

Mendoza, a partir de esta norma, es pionera en regular en la materia, en Salta se intentó hacer lo mismo pero por reparos aduciendo inconstitucionalidad quedó en la nada. A la consulta  si en la provincia cuyana tuvieron un planteo de este tipo, Crescitelli lo negó y remarcó el apoyo unánime al entender que manejar con graduación alcohólica - que supere los límites permitidos – es un delito que debe ser sancionado.

“Todos sabemos que la salud tiene costos altísimos y que tampoco todos los mendocinos tenemos que pagar por un delito que comete otra persona porque realmente está encuadrado como delito, por eso no lo veo inconstitucional”, sostuvo.