La participación de los sectores políticos con representación parlamentaria y de los gobernadores de provincias ha sido amplia y reconoce poco antecedentes, lo que da cuenta de la trascendencia de una ley cuyo destino aún es incierto.

La Cámara de Diputados de la Nación realiza un segundo intento por sancionar la llamada Ley de Bases, que es un punto de partida para reformas que se pretende sean estructurales y reviertan una situación de emergencia, que se va a declarar con esa norma. Tras cuatro meses de análisis, en distintas circunstancias y niveles, hay un clima de confianza en el oficialismo respecto de la primera sanción positiva y expectativa en los bloques que trabajaron para lograr una versión que atienda las pretensiones de la mayoría.

A ese fin concurrió el trabajo de los mandatarios provinciales que participaron con su opinión y el compromiso de asegurar el apoyo político necesario, en la medida que las disposiciones de la ley en trámite no confronten con los intereses de sus estados. No solo se gestionó la preservación de su participación en la distribución de recursos sino que se aseguró que se avance en estructuras que los favorezcan.

De allí que se observó al gobernador Gustavo Sáenz como un activo actor de encuentros para sumar voluntades. Al margen de la recuperación de Fondos Fiduciarios para fortalecer los ingresos y la ejecución de obras y programas, fue un fuerte defensor de la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que está prevista en el proyecto en tratamiento.

La iniciativa prevé diversos incentivos, ofrece certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo para las grandes inversiones que se declaren de  interés nacional, que resulten útiles y conducentes para la prosperidad del país. En esa categoría se incluirán, si efectivamente la creación del RIGI se concreta, las inversiones que en Salta se desarrollarían en torno de una actividad en franca expansión, como es la minería.

De allí el interés expuesto por el mandatario provincial, a sabiendas que promoverá emprendimientos nacionales y extranjeros que seguramente calificarán por distintos requisitos que se establecerán por la ley y su reglamentación. Habría un piso de 200 millones de dólares para acceder a un abanico de garantías y de incentivos impositivos y tributarios, en condiciones de previsibilidad y estabilidad.

Estos beneficios generaron inquietud en el sector empresario nacional por considerar que margina a buena parte de inversores locales. Este planteo fue canalizado a través de la Unión Industrial Argentina, cuya conducción mantuvo encuentros con representantes del Poder Legislativo, para advertir sobre la postergación que se observa respecto de incentivos para dinamizar la inversión productiva de proveedores locales y de empresas nacionales. 

Sumaron a la discusión legislativa la propuesta de creación de un RIGI para PyMES industriales. Son horas condicionantes para el tiempo político que se intenta construir. Se observa que la atención no sólo está puesta en objetivos puntuales sino en el destino de instituciones cruciales para la vida democrática. Porque son ellas las que determinan el destino de todos.

Salta, 29 de abril de 2024